El presidente Luis Abinader designó este domingo al abogado Mérido de Jesús Torres Espinal como director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, mediante el decreto 552-26, con el que reorganiza varias instituciones del Estado.
El nombramiento marca su regreso a un cargo directivo dentro del Gobierno, luego de haber salido en 2023 de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), tras solicitar una licencia cuando su nombre fue mencionado en el expediente de la Operación Calamar.
Días después, Abinader emitió el decreto 159-23 mediante el cual lo sustituyó por Duarte Méndez Peña como director interino de esa entidad. En ese momento, Torres aseguró que era víctima de una campaña de difamación y manifestó su disposición de colaborar con cualquier investigación sobre su gestión.
En el expediente de la Operación Calamar, el Ministerio Público mencionó a Mérido Torres en relación con un acuerdo de pago por terrenos ubicados en Boca Chica. Según la acusación, Torres figuraba entre los beneficiarios de una distribución de fondos públicos derivada de un acuerdo transaccional por 1,288 millones de pesos, correspondiéndole 32,065,992 pesos.
El expediente señalaba que el pago estaba relacionado con un proceso de expropiación de terrenos, mientras que Torres había explicado previamente que el dinero que recibió correspondía a honorarios profesionales por servicios prestados desde su oficina privada de abogados, y no a fondos recibidos del Estado por su condición de funcionario.
La situación solo se quedó en mención; el caso siguió su curso en los tribunales y Torres dejó de ser tendencia en las redes y prensa hasta este domingo.
MP menciona al director de Titulación Mérido Torres en expediente Operación Calamar
Trayectoria
Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Torres Espinal posee formación en Derecho Civil, Administrativo y Corporativo, complementada con estudios nacionales e internacionales. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores público y privado, con una trayectoria vinculada al ejercicio del derecho, la asesoría jurídica y la gestión institucional.
Fue procurador adjunto de la Corte de Apelación de Santo Domingo, consultor jurídico de la Alcaldía del Distrito Nacional y asesor de distintas instituciones municipales.
Ocupó la presidencia de la Asociación Dominicana de Abogados (Adoma), fortaleciendo su perfil dentro del sector jurídico.
También fue precandidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la Alcaldía de Santo Domingo Este.