Después de 21 años vinculado a la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García cambia la gestión de desastres por uno de los problemas públicos más difíciles de la República Dominicana: organizar el tránsito y el transporte terrestre.
El presidente Luis Abinader lo designó director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mediante el Decreto 551-26, en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia.
Morrison dejó en el Intrant proyectos en marcha y algunos resultados concretos, entre ellos el nuevo sistema de licencias, la expansión de oficinas y procesos de reorganización del transporte.
Pero también hereda problemas que han sobrevivido a varias administraciones: una elevada mortalidad vial, millones de motocicletas difíciles de regular, la inspección técnica vehicular todavía sin aplicación general, fiscalización insuficiente y una reputación institucional golpeada por contratos que terminaron en tribunales.
Casi 3,000 muertes viales en un año
El propio Intrant informó ante las Naciones Unidas que durante 2025 murieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en la República Dominicana y que más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
El Gobierno había declarado desde noviembre de 2024 la seguridad vial como asunto de alto interés nacional y fijó como objetivo reducir en un 50 % las muertes para 2030. El pacto presentado por Abinader incluyó entre sus principales compromisos mejorar la fiscalización, instaurar definitivamente la licencia por puntos, poner en funcionamiento la inspección técnica vehicular y fortalecer la educación vial.
Es precisamente en la ejecución donde estará una de las principales pruebas para Méndez.
- La seguridad vial no le resulta ajena. Desde el COE dirigió durante años los grandes dispositivos preventivos de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y otras fechas de alta movilidad. Sin embargo, ahora se trata de regular las condiciones que deben evitar que ocurran.
La trayectoria pública reseñada oficialmente por la Presidencia está concentrada desde 2005 en gestión de emergencias, desastres y coordinación interinstitucional.
Una nueva licencia, pero falta el régimen de consecuencias
Uno de los activos que deja la administración de Morrison es la modernización del sistema de licencias.
El nuevo modelo comenzó a operar el 3 de marzo de 2026 y, hasta mediados de agosto, había emitido 329,727 documentos. El Intrant sostiene que el esquema produjo cerca de RD$300 millones en beneficios para el Estado en cinco meses y medio, luego de que el sistema anterior generara, según la institución, pérdidas aproximadas de RD$20 millones mensuales.
Méndez tendrá que consolidar esa transición y ampliar su alcance, particularmente entre los motociclistas. Cuando el nuevo documento fue presentado en febrero, el Intrant estimó que más de un millón de motociclistas todavía debían incorporarse progresivamente al sistema de licencias.
- La licencia por puntos está contemplada desde hace años en la Ley 63-17 y sus reglamentos. En noviembre de 2024, el Gobierno llegó a anunciar que comenzaría a aplicarse el 1 de julio de 2025.
El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 todavía incluye como una de sus acciones la implementación del sistema de puntos para sancionar las infracciones, señal de que su aplicación integral continúa siendo un reto institucional.
Vehículos viejos y una inspección que nunca termina de llegar
Otro expediente que encontrará sobre el escritorio es la Inspección Técnica Vehicular (ITV).
La Ley 63-17 ordena revisar periódicamente las condiciones mecánicas de los vehículos, pero República Dominicana lleva más de dos décadas sin un sistema nacional de inspección técnica funcionando de manera general.
- El problema adquiere mayor dimensión por la edad del parque vehicular. A diciembre de 2024 había 6.19 millones de vehículos registrados y el 62 % tenía más de diez años de fabricación. Más de 1.6 millones habían sido fabricados en el año 2000 o antes.
El país intentó licitar la inspección en 2019, pero el proceso fue declarado desierto en 2020. Posteriormente fue estructurado mediante el modelo de alianza público-privada. A comienzos de 2026, el proyecto se encaminaba hacia una concesión superior a 15 años, con una inversión privada inicial estimada en US$88 millones.
Transporte público: avances, pero todavía con desorden
El nuevo director también tendrá que lidiar con un sistema de transporte que combina Metro, Teleférico, OMSA y corredores reformados con miles de unidades privadas, sindicatos, rutas tradicionales, motoconchos y servicios informales.
Durante 2026 continuaron los avances en la integración. En febrero fue puesto en marcha el Corredor Independencia y, desde el 10 de agosto, el Corredor 27 de Febrero comenzó a operar con una tarifa integrada de RD$35 para conectarse con Metro y Teleférico mediante pagos electrónicos.
Pero la regulación cotidiana sigue mostrando debilidades.
- En julio, por ejemplo, el Intrant tuvo que intervenir 17 rutas de Santiago después de aumentos de pasaje no autorizados. De 180 vehículos inspeccionados durante el operativo, 85 fueron fiscalizados por incumplimientos y tres quedaron retenidos.
El episodio muestra una parte del problema que hereda Méndez: el Intrant posee legalmente la facultad de establecer tarifas, autorizar rutas, otorgar licencias de operación y regular el servicio, pero debe hacer cumplir esas decisiones frente a organizaciones de transporte con una larga capacidad de presión.
La Ley 63-17 cumplirá una década en 2027, pero varias de sus herramientas más importantes todavía no se reflejan plenamente en las calles.
Circulación de motociclistas sin casco o licencia, vehículos deteriorados, transporte de carga fuera de los horarios establecidos, estacionamientos indebidos, conducción temeraria y rutas que operan en condiciones irregulares continúan obligando al Intrant y a la Digesett a realizar operativos específicos.
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial reconoció expresamente esa debilidad al establecer el fortalecimiento de la fiscalización como uno de sus siete compromisos fundamentales.
Para Méndez, acostumbrado a coordinar decenas de organismos durante emergencias nacionales, una de las ventajas podría ser precisamente su experiencia articulando instituciones. El Intrant depende para muchas de sus decisiones de la ejecución conjunta con Digesett, Policía Nacional, ayuntamientos, Obras Públicas y otras entidades.
Pero tendrá que demostrar que esa coordinación puede funcionar permanentemente y no únicamente mediante operativos.
El problema más delicado: recuperar credibilidad
Ninguno de esos retos estará separado del problema reputacional que arrastra el Intrant.
En octubre de 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el contrato de RD$1,317.3 millones adjudicado a Transcore Latam para modernizar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, después de detectar indicios de irregularidades en la licitación.
El caso evolucionó posteriormente hacia la denominada Operación Camaleón.
El exdirector del Intrant Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán y otros acusados fueron enviados a juicio de fondo por alegadas irregularidades relacionadas con contratos de la institución. El proceso incluye imputaciones por presunta estafa al Estado, delitos tecnológicos, robo de identidad, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica. Los procesados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
- El juicio sigue abierto. Apenas el 11 de agosto, seis días antes de la llegada de Méndez al Intrant, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó la conducencia de testigos que no comparecieron y aplazó la audiencia para el 3 de septiembre.
Además, el expediente judicial incorporó contratos vinculados al antiguo sistema de licencias, mientras que la gestión de Morrison tuvo que desarrollar una nueva licitación y sustituir el modelo anterior.
Por eso, cualquier gran contratación que se produzca bajo la nueva administración —desde inspección vehicular y tecnología hasta semáforos y sistemas de fiscalización— estará sometida a un escrutinio mayor.
Méndez llega con un capital que construyó durante dos décadas al frente del COE: reconocimiento público y experiencia de coordinación. Ahora tendrá que trasladarlo a una institución donde el éxito no se medirá por la respuesta rápida a una emergencia puntual.