El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dio un plazo de 30 días a los funcionarios de la institución que están obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio, bajo advertencia de que quienes incumplan serán destituidos de sus funciones.
La disposición está contenida en un memorándum interno fechado este 22 de agosto de 2026, al que Diario Libre tuvo acceso a través de fuentes.
El documento está dirigido a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los comandantes departamentales de la Policía Nacional.
En la comunicación, Rodríguez García instruye a los funcionarios alcanzados por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento de aplicación, establecido mediante el Decreto 92-16, a presentar su declaración ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El plazo establecido es de 30 días como máximo, contados a partir de la recepción del memorándum.
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Advierte destitución inmediata
La comunicación del director de la Policía no se limita a establecer el plazo. También contempla consecuencias para quienes no cumplan con la orden.
El memorándum señala que los miembros que incumplan con la disposición “quedarán inmediatamente destituidos de la función”, además de ser sancionados conforme a los reglamentos vigentes de la institución.
La advertencia alcanza a los funcionarios policiales que, por su posición, estén sujetos a la obligación legal de presentar la declaración jurada de patrimonio.
La medida fue comunicada a las estructuras de dirección de la Policía Nacional y remitida, además, al inspector general y al director de Asuntos Internos de la institución.
Primera orden del nuevo director
La disposición se produce pocos días después de que Rodríguez García asumiera la Dirección General de la Policía Nacional, tras la salida de Andrés Modesto Cruz Cruz.
El nuevo director ha colocado entre sus principales planteamientos la necesidad de fortalecer la disciplina y transformar prácticas internas de la institución como parte del proceso de reforma policial.
Con este memorándum, la nueva administración fija una primera disposición administrativa con una consecuencia explícita para quienes estén obligados a cumplirla y no presenten la documentación dentro del período establecido.
- La Ley 311-14 establece la obligación de determinados funcionarios públicos de declarar el origen de su patrimonio y sus variaciones, como mecanismo de transparencia y control sobre los bienes de quienes ejercen funciones públicas.