El Gobierno de Perú, que preside la derechista Keiko Fujimori, anunció este martes la ruptura de las relaciones diplomáticas del país andino con Irán, al culpar a esta república islámica de incitar a la violencia y aumentar la escalada del conflicto en Medio Oriente.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú rechazó «de manera enérgica su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cuyos inspectores ha negado en diferentes ocasiones el acceso a instalaciones nucleares, dificultando la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares».
La Cancillería peruana, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, trabajó quince años para la Embajada de Estados Unidos en Lima, expresó también una «profunda preocupación» por las «severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026″.
Motivos y preocupaciones
En ese sentido, el Ejecutivo peruano justificó su decisión de romper los lazos diplomáticos con Irán por su «histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional«.
«El Gobierno del Perú ha expresado en diversas ocasiones su condena y profunda preocupación por la delicada situación que amenaza la estabilidad en el Medio Oriente y que afecta gravemente la paz y seguridad internacionales«, recordó la cartera peruana de Exteriores.
- Asimismo, manifestó que ha observado «con creciente consternación el deterioro de la democracia en Irán denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos».
La Cancillería peruana señaló que la ruptura de las relaciones ha sido oportunamente informada a la Embajada de Irán en Ecuador, que sirve también a Perú, y precisó que esta decisión «no entraña la ruptura de relaciones consulares, necesarias para velar por los nacionales de cada Estado y atender las demás funciones previstas en el artículo 5 de la misma Convención».