El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) propuso la creación de un pacto nacional por la seguridad ciudadana y la implementación de un plan decenal para el período 2026-2036, con el objetivo de convertir la prevención de la violencia en una política de Estado, respaldada por un marco legal y un presupuesto plurianual.
La propuesta fue presentada por Ysócrates Andrés Peña Reyes, director general del organismo, y Juan Alfonso Mera Montero, coordinador de estrategias de desarrollo de instituciones empresariales y comerciales. La iniciativa contempla doce ejes estratégicos orientados a fortalecer la familia, la educación, el empleo, la justicia, la modernización policial y la participación comunitaria.
Entre las medidas planteadas figura la creación de centros provinciales de atención familiar con servicios gratuitos de psicología, mediación y asistencia legal, así como programas de intervención en cien barrios de alta incidencia delictiva.
También propone otorgar ayudas mensuales de RD$3,000 a cinco mil familias, condicionadas a la permanencia escolar de sus hijos y a la convivencia sin violencia.
En materia de empleo, el CRD sugiere subsidiar durante seis meses el 50 % del salario de jóvenes contratados por empresas y crear un fondo de RD$200 millones para financiar mil emprendimientos juveniles.
Respecto a la Policía Nacional, plantea establecer un salario base mínimo de RD$40,000 netos, ascensos por mérito, patrullaje por cuadrantes y el uso obligatorio de cámaras corporales, además de reforzar la formación en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
La iniciativa también contempla ampliar la videovigilancia conectada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, fortalecer los mecanismos de denuncia con protección de identidad y establecer tribunales de flagrancia y consejos municipales de seguridad. Asimismo, propone destinar el 5 % de los presupuestos municipales a programas preventivos.
En cuanto al abordaje de las adicciones, el organismo plantea diferenciar la persecución del narcotráfico de la atención sanitaria a las personas con dependencia, mediante centros regionales de rehabilitación y programas de reinserción laboral.
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- Para financiar el plan, el CRD propone destinar recursos equivalentes al 2.5 % del producto interno bruto (PIB) a la prevención y someter la ejecución de las medidas a auditorías independientes anuales.
- El organismo considera que enfrentar la inseguridad requiere una estrategia integral y sostenida que involucre al Gobierno, el sector empresarial, las comunidades y las familias, más allá de los operativos policiales.