Cuanto más extenso es el territorio bajo su control, mayor es la población que las bandas pueden explotar y, por tanto, más elevados son sus ingresos. Esta dinámica alimenta un ciclo en el que la búsqueda de recursos económicos por parte de los grupos armados de Haití contribuye a perpetuar la violencia.
Así lo detalla el informe provisional presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 3 de septiembre del 2026, en el que se identifican las principales fuentes de financiamiento de esas organizaciones delictivas.
- El secuestro figura entre las principales fuentes de ingresos, seguido de los puestos de control ilegales, la extorsión a empresas, el cobro a los hogares por servicios básicos y la recaudación de peajes en las carreteras.
De acuerdo con el documento, que recopila datos desde octubre de 2025 a julio de 2026, el aumento de los secuestros a cambio de rescates es más pronunciado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en el departamento del Oeste y en el departamento de Artibonito.
El informe señala que, por temor a represalias o a que sus seres queridos sufran daños mientras permanecen cautivos, las familias optan por negociar directamente con las bandas en lugar de denunciar los secuestros ante la Policía.
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Los montos exigidos por los rescates varían de un caso a otro. Durante el período analizado por la ONU, en una ocasión se reclamó un pago de 1.5 millones de dólares.
El documento indica que el rescate más elevado efectivamente pagado ascendió a 153,000 dólares. Mientras que los montos que suelen entregarse oscilan entre los 5,000 y los 25,000 dólares.
Entre las organizaciones con mayor incidencia en los secuestros figuran 5 Segond, liderada por Johnson André; 400 Mawozo, encabezada por Joseph Wilson, y Kraze Barye, dirigida por Vitelhomme Innocent. Las tres forman parte de la alianza Viv Ansanm.
El documento también precisa que, de los 143 casos registrados en Haití durante enero y febrero, 109 ocurrieron en el departamento del Oeste. De estos, el 50 % tuvo lugar en el municipio de Delmas, mientras que en el departamento de Artibonito se contabilizaron 29 casos.
Además, advierte que las bandas emplean diversas estrategias para perpetrar los secuestros, lo que representa un desafío para la Célula Antisecuestros de la Policía Nacional de Haití.
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Modus operandi
A estas dificultades se suman la falta de dispositivos para rastrear teléfonos y vehículos utilizados en la localización de las víctimas, así como la insuficiencia de negociadores cualificados.
El panel concluyó que los secuestros se ejecutan de distintas maneras, según el perfil de las víctimas y el procedimiento utilizado por las bandas para recibir los rescates. Estos pagos suelen realizarse mediante la entrega de grandes sumas de efectivo a intermediarios o el traslado de las víctimas a entidades bancarias para completar las transacciones.
Uno de los métodos más utilizados consiste en el pago de grandes cantidades de dinero en efectivo. En estos casos, según el informe, pueden desarrollarse prolongadas negociaciones entre el líder de la banda o su representante y los familiares o amigos de las víctimas.
Las transacciones bancarias presenciales son menos frecuentes, debido a que la mayoría de las entidades financieras han suspendido sus operaciones en las zonas controladas por grupos armados. No obstante, varias sucursales ubicadas en el municipio de Carrefour continúan funcionando.
La investigación recoge testimonios de diversas fuentes, entre ellas un exintegrante de bandas con conocimiento directo de las operaciones de estos grupos, quienes describieron al Panel las tácticas empleadas por las organizaciones criminales.
Entre ellas, explicaron que, en distintos municipios del departamento del Oeste, las bandas trasladan a las víctimas o a sus familiares hasta Carrefour para que retiren el dinero destinado al pago de los rescates.
Las fuentes también explicaron por qué ese municipio, donde se realizan pocas operaciones de seguridad dirigidas por las autoridades gubernamentales, se ha convertido en un lugar propicio para las actividades económicas ilícitas de las bandas.
El Panel remitió consultas por escrito a varios bancos con sucursales en Carrefour, así como al Banco de la República de Haití, entidad responsable de regular y supervisar el sistema bancario y financiero del país.
Apoyo y complicidad
Indica que en su respuesta, el banco afirmó que había recibido información sobre dos casos en los que líderes de bandas, integrantes de estas organizaciones o personas vinculadas a ellas habían accedido a redes bancarias para realizar actividades financieras ilícitas.
Otra de las fuentes de ingresos identificadas en el informe es el apoyo financiero y logístico proporcionado por agentes económicos.
En ese contexto, el documento menciona el caso de Rosemila Petit Frère, empresaria y alcaldesa del municipio de Arcahaie, quien supuestamente mantenía contacto con líderes de bandas y les habría brindado apoyo económico y logístico.
El informe también señala que las organizaciones armadas que operan en algunas zonas de Puerto Príncipe han tenido que modificar sus métodos de actuación como consecuencia de las operaciones de seguridad dirigidas, principalmente, a liberar las carreteras del control de las bandas y eliminar los puestos de control ilegales.
Según el documento, estas intervenciones han obligado a los grupos armados a ocultar sus actividades de recaudación de peajes y a trasladar algunos de sus puntos de control.
Como consecuencia, las bandas han intensificado los secuestros, que se han convertido en una de sus principales fuentes de ingresos para compensar las pérdidas derivadas de la reducción del cobro de peajes.
El informe también advierte que estas organizaciones recurren cada vez más a tácticas que imitan los procedimientos policiales para ocultar su identidad. Para ello, sus integrantes se hacen pasar por agentes de la Policía, utilizan uniformes, chalecos antibalas y equipos tácticos, y se desplazan en vehículos con distintivos policiales y matrículas falsas, lo que les permite circular con mayor libertad.
De acuerdo con el documento, esta práctica ha evolucionado con el tiempo. En 2022, la Policía Nacional de Haití emitió un comunicado en el que alertó a la población sobre este problema.
Según algunas fuentes citadas en el informe, la estrategia es cada vez más habitual en los secuestros con fines de rescate, especialmente en zonas residenciales de lujo y áreas restringidas.
Fuente internacionales indican que más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de las bandas armadas.