Un juez de Estados Unidos ordenó este miércoles a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25,000 millones de dólares al estado de Nuevo México por engañar a los consumidores sobre la protección de sus datos personales y las políticas de moderación de contenidos de su plataforma, en un proceso judicial vinculado al escándalo de Cambridge Analytica.
La decisión fue adoptada por el juez Francis Mathew, del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, después de que un jurado determinara el pasado 25 de septiembre que Facebook había cometido exactamente 43,899,725 infracciones de la Ley de Prácticas Desleales del estado, mediante declaraciones falsas o engañosas sobre la recopilación, utilización y protección de información personal.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la resolución como una de las mayores decisiones judiciales obtenidas por un estado estadounidense contra una empresa. Según explicó, el caso demuestra que las grandes compañías tecnológicas también están sujetas a las leyes de protección del consumidor.
Una sanción que pudo ser mayor
La legislación de Nuevo México contempla multas de hasta 5,000 dólares por cada infracción intencional. Aplicado a las casi 44 millones de violaciones identificadas por el jurado, el monto máximo potencial ascendía a unos 219,500 millones de dólares.
Sin embargo, el juez estableció la sanción en 25,000 millones, por debajo de los entre 35,000 y 40,000 millones que habían solicitado los representantes del estado.
La resolución también contempla intereses anuales del 15 % mientras permanezca pendiente el pago, aunque Meta tiene previsto recurrir la decisión, por lo que el monto definitivo y su ejecución podrían modificarse durante el proceso de apelación.
Los abogados de la empresa habían defendido que una sanción superior a 3,400 millones de dólares resultaría desproporcionada y cuestionaron el método utilizado para calcular las infracciones.
El origen del escándalo
El proceso tiene sus antecedentes en Cambridge Analytica, una consultora política británica que obtuvo información de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook, sin el consentimiento adecuado de los afectados.
Los datos fueron recopilados mediante una aplicación presentada como un cuestionario de personalidad, que permitió acceder no solo a información de quienes la utilizaron, sino también a datos de otros usuarios vinculados a sus cuentas.
Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y utilizó información personal para desarrollar estrategias de publicidad política dirigida a segmentos específicos del electorado.
El escándalo adquirió dimensión internacional en 2018, cuando salieron a la luz las prácticas de recopilación de datos de la consultora, lo que provocó investigaciones regulatorias y cuestionamientos sobre el papel de las redes sociales en los procesos electorales.
Las acusaciones van más allá de los datos
Durante el juicio, la Fiscalía de Nuevo México sostuvo que Facebook había realizado afirmaciones engañosas sobre el control que los usuarios podían ejercer sobre su información personal, sus relaciones con anunciantes y las medidas adoptadas para impedir el uso indebido de datos.
El jurado también encontró infracciones relacionadas con las declaraciones de la empresa sobre su combate a la desinformación y los discursos de odio, así como sobre la aplicación uniforme de sus normas comunitarias.
Otro aspecto examinado fue la respuesta de Facebook después del escándalo de Cambridge Analytica, particularmente sus compromisos de investigar aplicaciones externas, realizar auditorías, sancionar a desarrolladores que utilizaran indebidamente información y notificar a los usuarios afectados.
De los 34 señalamientos examinados, el jurado dio la razón al estado en 31, según la documentación del proceso citada por Source New Mexico y el Departamento de Justicia estatal.
Meta rechaza las acusaciones
La defensa de Meta argumentó que el estado no había demostrado que las declaraciones cuestionadas ocasionaran perjuicios concretos a los residentes de Nuevo México.
También sostuvo que la compañía ha modificado sus políticas desde que comenzó el litigio en 2021 y que mantiene mecanismos para identificar y retirar contenidos contrarios a sus normas.
Los abogados cuestionaron especialmente el cálculo de las infracciones, porque consideran que se incluyó a personas sin demostrar que hubieran recibido las declaraciones consideradas engañosas.
La compañía prevé apelar el fallo, una medida que podría retrasar el cobro de la sanción y modificar su cuantía.
Los fondos serían destinados a educación
El fiscal Torrez informó que los recursos derivados de la sanción se destinarían al sistema educativo público de Nuevo México, conforme a las disposiciones estatales sobre las multas por infracciones a las leyes de protección del consumidor.
La resolución se produce después de que otros 48 estados estadounidenses alcanzaran un acuerdo con Meta en agosto de 2026, mientras Nuevo México decidió continuar su reclamación de manera independiente.
La empresa también enfrenta otros procesos relacionados con la seguridad de menores en sus plataformas. En uno de ellos, un tribunal de Nuevo México le impuso una sanción adicional de cientos de millones de dólares.