El Gobierno de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente en ese país, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
«La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante», alertó la SIP en un informe aprobado en el marco de su 82 Asamblea Anual, que concluye este domingo en Bogotá.
Esa organización citó un estudio de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que ha documentado que desde 2018 más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado, mientras que en 2025 al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión debido a la precariedad económica, el desempleo, el cierre de espacios informativos y el riesgo de represión.
Como consecuencia, la FLED identifica 11 departamentos (provincias) o el 65 % del territorio nacional —como «zonas de silencio informativo«—, aunque los esfuerzos de medios y periodistas en el exilio siguen manteniendo informada a la población.
En Nicaragua, además, no se cuenta actualmente con periódicos impresos en circulación, advirtió.
Acciones estatales recientes
La SIP indicó que ante la casi desaparición del periodismo de calle, la presión estatal se ha desplazado hacia el ámbito digital y hacia mecanismos administrativos y legales.
- En ese sentido dijo que en abril de 2025, el gobierno, a través de la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100 % Noticias.
Un mes después, el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos, alegando incumplimientos técnicos.
Marco legal y restricciones
Entre abril y junio del año pasado, la FLED registró 28 agresiones digitales, incluyendo campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas contra periodistas y sus familias, impulsadas por redes de troles y perfiles afines al oficialismo.
Asimismo, la SIP advirtió que el marco legal continúa siendo utilizado como instrumento de intimidación y mencionó las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal que incorporaron conceptos ambiguos vinculados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”, que permiten restringir la divulgación de información considerada no autorizada.
Además, anotó que en 2026 también se impulsó una reforma constitucional para elevar a rango constitucional restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”, los cuales han sido utilizados contra periodistas.
De igual forma, la organización interamericana afirmó que el derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los periodistas independientes.
Por otro lado, la FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales. La Policía Nacional y otros agentes estatales son señalados como los principales responsables de estas prácticas, que incluyen seguimiento, restricciones de movilidad, decomiso de dispositivos e interrogatorios, de acuerdo con el informe.