Uno de los mellizos todavía estaba vivo cuando un agente regresó y volvió a dispararle en la cabeza, según el relato de su abuela paterna, Gleny Jiménez. Randy Omar Borges y Omar Randy Borges tenían 16 años.
La familia sitúa las muertes en la mañana del 21 de octubre, dentro de la vivienda donde residían en Mendoza, Santo Domingo Este. “Entraron, rompieron la puerta con dos muchachos en bóxer, acostados, que nunca despertaron”, relató Manuel Sugilio, familiar de los adolescentes. “Ahí los mataron”.
La denuncia se suma a las de parientes que reclaman esclarecer muertes atribuidas a enfrentamientos con la Policía.
Diario Libre identificó 98 fallecidos en esos hechos entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre: 55 durante el mes inicial y 43 en el transcurso del segundo. La cuenta está documentada. El alcance de las investigaciones del Ministerio Público y sus resultados siguen sin conocerse. La Procuraduría invocó la reserva de las pesquisas penales y la protección de datos personales para no responder la solicitud de información de este periódico.
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Los heridos que reporta la Policía
Entre los 98 casos contabilizados por Diario Libre, se localizaron reportes de agentes heridos en dos intervenciones. Una de ellas dejó dos policías heridos; la otra, uno. Uno de esos informes corresponde al mayor Andrés Pascual, a quien el director general de la Policía, Ernesto Rodríguez García, visitó en el Hospital Dr. Ney Arias Lora. Según los reportes, Pascual y otro miembro de la institución resultaron heridos por Jancel Palacios Arias “Hansel Boca Negra”, durante una intervención policial registrada en Santo Domingo Norte.
En otro hecho, el cabo Rafael Gómez, integrante de la unidad táctica SWAT, sufrió una herida de bala en la mano izquierda durante un allanamiento a Isaac de Jesús Fernández Reyes, a quien la Policía mató en otro supuesto intercambio de disparos en Santiago. Diario Libre solicitó información oficial sobre la cantidad de agentes policiales que resultaron heridos por armas de fuego en el territorio nacional, así como las unidades policiales a las que pertenecen, durante hechos reportados como intercambios de disparos desde el 1 de enero. Al cierre de este trabajo, no había recibido respuesta.
“Al notar la presencia policial, el sospechoso abrió fuego y los agentes repelieron la agresión”. Esta oración se convirtió en la fórmula institucional con la que la Policía explica los decesos ocurridos a manos de la Dicrim. Los comunicados suelen presentar al fallecido como “reconocido delincuente”, “reconocido antisocial”, “peligroso delincuente”, “presunto delincuente”, “malhechor” y “presunto asaltante” y fundamentan la intervención en órdenes de captura o labores de inteligencia. Acto seguido, la narrativa sitúa la iniciativa del ataque en el investigado.
Para describir la actuación de los agentes, también se utilizan expresiones como “repeler la agresión”, “se vieron en la obligación de repeler el ataque”, “abrió fuego al percatarse de la presencia policial”, “se resistió al arresto” y “era activamente buscado”.
La secuencia concluye con el mismo patrón. Primero el impacto de bala, luego el traslado de emergencia y después el deceso “mientras recibía atenciones médicas”, acompañado del reporte de armas e indumentaria recogidas en la escena.
Para Tahira Vargas, antropóloga, más que la impunidad, lo más grave es lo que ella considera una orden de matar dentro de la Policía. La experta reveló que sostuvo diálogos con personas que incluso conocían a algunos de los muchachos muertos en estos meses. Contaban cómo en ciertos casos pagaban a los policías una tarifa mensual de 125,000 pesos por venta de drogas. Según esos relatos recogidos por la antropóloga, quienes atracan y roban también deben entregar un porcentaje. “Esta es una sociedad violenta donde el ejercicio de la violencia se justifica como método de corrección”, explicó.
Reclamos al Ministerio Público
La Procuraduría mantiene silencio institucional ante los requerimientos de abogados y organizaciones de derechos humanos para que se realicen indagatorias forenses independientes sobre los operativos policiales. La entidad se amparó en la reserva de las investigaciones penales y en la protección de datos personales para no responder una solicitud de Diario Libre que buscaba conocer cuántas de estas muertes investiga el Ministerio Público y cuáles fueron los resultados de esas pesquisas.
El titular nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, considera que el Ministerio Público no investiga porque, a su juicio, cada muerte representa una carga menos dentro del proceso penal. Para Valentín, cualquier director de la Policía que dé instrucciones para eliminar a supuestos delincuentes debe ser procesado penalmente “por omisión”, según plantea.
Los videos y testigos que contradicen los intercambios de disparos
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asegura que los archivos de su entidad reportan 205 casos este año. La mayoría, jóvenes de 18 a 25 años de sectores empobrecidos.
Esa entidad presentó una acción de urgencia ante organismos internacionales, denunciando la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público. Mercedes también cuestiona al Gobierno: “Si yo fuera el legislador, sometiera al presidente a un juicio político por violación a la Constitución. Cuando el presidente dijo ‘entréguese porque si no le va peor’. Eso fue una sentencia de muerte que dio el Poder Ejecutivo”.
Durante la gestión del presidente Luis Abinader se ha impulsado una reforma policial.
Los testimonios recogidos en estos casos describen, sin embargo, comunidades donde el miedo a los agentes alcanza también a familiares y vecinos. La Constitución consagra el derecho a la vida en su artículo 37 y prohíbe la pena de muerte. Los antecedentes o las acusaciones contra una persona no autorizan su ejecución. Las denuncias recogidas reclaman determinar qué ocurrió en cada intervención y quién debe responder por las muertes.
En Mendoza, la familia de Randy Omar y Omar Randy reclama respuestas por los dos adolescentes. Su abuela sostiene que uno seguía vivo cuando el agente regresó. Esa es la denuncia que espera esclarecimiento.