Las inundaciones de noviembre de 2022 y 2023 dejaron una profunda huella en el Gran Santo Domingo. Calles y parqueos anegados, vehículos arrastrados y miles de ciudadanos sorprendidos por lluvias torrenciales que pusieron al descubierto las deficiencias del drenaje urbano y las limitaciones de los sistemas de prevención.
Cuatro años después del primer episodio, la pregunta es cuánto ha avanzado la ciudad en su preparación para enfrentar fenómenos similares.
Las autoridades reportan inversiones millonarias en saneamiento de cañadas, mantenimiento de drenajes y modernización de los sistemas de alerta. Sin embargo, especialistas y residentes de comunidades vulnerables advierten que persisten problemas estructurales que mantienen elevado el riesgo de inundaciones.
Lluvias más impredecibles
Carla Morales, jefa de pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), señala una mayor variabilidad en los patrones de lluvia.
Recuerda que marzo y abril de 2026 registraron precipitaciones significativas, pese a que marzo suele figurar entre los meses relativamente más secos. Los aguaceros de noviembre de 2023 y abril de 2026, explica, demuestran cómo grandes volúmenes de lluvia pueden concentrarse en pocas horas y provocar emergencias.
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Inversiones en cañadas
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reporta intervenciones en ocho cañadas principales: Guajimía, El Indio, Las Caobas, Arroyo Lebrón, Hato Nuevo, La Ureña, Manoguayabo y El Café.
Las inversiones superan los 11,000 millones de pesos, además de una partida de 1,160 millones de pesos destinada al saneamiento de cañadas en Los Alcarrizos.
En octubre de 2026, el Gobierno anunció la entrega de los trabajos en las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
No obstante, las obras ejecutadas no permiten establecer por sí solas cuánto se ha reducido la exposición de las comunidades a nuevas inundaciones.
El hidrólogo Ricardo Hernández atribuye buena parte del problema al crecimiento urbano acelerado y desordenado, que desde finales de los años setenta ha sustituido terrenos absorbentes y áreas verdes por superficies impermeables.
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Explica que muchos proyectos inmobiliarios descargan rápidamente las aguas pluviales hacia las calles, trasladando al Estado y a la población los costos de las inundaciones.
A principios de la década de 2010, apenas el 22 % de la ciudad disponía de alcantarillado pluvial, según los datos citados por el especialista. Además, parte de esa infraestructura no fue diseñada para los caudales actuales.
El arquitecto Omar Rancier considera que el problema fundamental no es la ausencia de normas, sino su incumplimiento. “Si las normativas existentes se hubieran aplicado y cumplido a lo largo del tiempo, tendríamos una mejor ciudad”, afirma.
Propone recuperar áreas verdes, reducir superficies pavimentadas y exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre infraestructura urbana y drenaje.
Comunidades que siguen expuestas
Los residentes de sectores vulnerables ofrecen una perspectiva menos favorable sobre los avances.
Zunilda Martínez, residente en la ribera del Ozama, debajo del puente de Las Lilas (en Santo Domingo Este)denuncia la falta de intervenciones para proteger a quienes permanecen en el lugar después del desalojo de numerosas familias, como parte del proyecto de recuperación de la margen oriental del río.
A su juicio, la retirada de viviendas ha dejado terrenos despejados por los que el agua avanza con mayor facilidad. “Hasta ahora no ha habido ninguna intervención de parte del Ayuntamiento, ni otra autoridad”, sostiene.
En La Ciénaga y Los Guandules también persisten quejas por el estado de las cañadas y la falta de atención institucional.
“No nos toman siquiera el teléfono. Aquí nadie nos visita, solo cuando es día de votos”, lamenta Eladio Santos, presidente de la junta de vecinos del Callejón 10.
Alertas y tecnología
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) identifica avances en los protocolos de alerta temprana y en la coordinación con Indomet y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Entre las mejoras menciona la adquisición de radares meteorológicos y el fortalecimiento de herramientas automatizadas de pronóstico.
Sin embargo, reconoce que su efectividad depende del mantenimiento de los equipos, su disponibilidad operativa y la capacidad de transmitir oportunamente las advertencias.
“No basta con emitir una alerta desde el nivel nacional. Debemos asegurar que la información llegue de manera oportuna y clara hasta la última comunidad vulnerable”, señala el organismo.
En el ámbito normativo, una resolución contempla la difusión de mensajes de emergencia mediante redes de telecomunicaciones, radio, televisión y tecnología Cell Broadcast, que permite enviar alertas directamente a los teléfonos móviles.
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Mantenimiento de drenajes
La Alcaldía del Distrito Nacional informa que entre 2023 y 2024 realizó 6,120 servicios de limpieza de imbornales y filtrantes.
El contrato de mantenimiento se extendió hasta 2025 y en 2026 se inició un nuevo proceso de contratación por 125.8 millones de pesos. La Alcaldía también reporta la instalación de semáforos pluviales en puntos críticos y cámaras conectadas al Sistema 911 para vigilar el aumento del nivel del agua.
Entre las intervenciones menciona la instalación de una bomba en Los Platanitos y trabajos en las urbanizaciones Fernández, Rosmil y Los Restauradores.
En Santo Domingo Norte, la Alcaldía informa sobre operativos de limpieza de calles, imbornales y cañadas en Villa Mella, Guaricano, El Higüero, Sabana Perdida y otros sectores.
Prevención en otras provincias
El director del Indrhi, Olmedo Caba, señala que las intervenciones también abarcan ríos y zonas agrícolas expuestas a inundaciones.
Entre las obras menciona dragados y adecuaciones en los ríos Támara, Jura, Viahama, La Cueva, Baní, Nizao, Yuna y Boba. En el Bajo Yuna se han reforzado muros de contención y mejorado sistemas de drenaje agrícola.
El organismo ha destinado cerca de 1,000 millones de pesos a maquinaria pesada. Al incorporar combustible y mantenimiento, sitúa la inversión acumulada en prevención por encima de 3,000 millones de pesos.
Caba considera indispensable preparar al país tanto para las sequías como para precipitaciones extremas, mediante intervenciones técnicamente fundamentadas y ambientalmente responsables.
Recursos para emergencias
La Ley Orgánica de Presupuesto establece una asignación anual equivalente al 1 % de los ingresos corrientes para enfrentar calamidades, aunque las restricciones fiscales han llevado a presupuestar montos inferiores.
La legislación presupuestaria anual permite incorporar recursos adicionales hasta alcanzar el 0.5 % del producto interno bruto.
En caso de calamidad, el Gobierno puede solicitar financiamiento extraordinario al Congreso. Según la información suministrada, hasta ahora las emergencias se han atendido con recursos internos, dentro de los límites de financiamiento autorizados.
Las inversiones y los nuevos mecanismos de alerta representan avances respecto a 2022. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la capacidad real de los drenajes, el cumplimiento de las normas urbanísticas y la protección de los asentamientos más expuestos.
La prueba definitiva llegará con las próximas lluvias extremas.
Un mapeo de la Defensa Civil, el Sistema Integrado Nacional de Información y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo identifica 53 zonas vulnerables a inundaciones en el Distrito Nacional.Entre los principales factores de riesgo figuran la obstrucción del drenaje pluvial, la saturación del suelo, las precipitaciones intensas y el desbordamiento de ríos y cañadas.Las comunidades identificadas incluyen Villa Eloísa, en los sectores 24 de Abril y Simón Bolívar; Los Ríos, El Hoyo de Chulín, Gualey, La Zurza, Cuesta Hermosa, San Diego, Puerto Rico, en el Viejo Arroyo Hondo, y San Rafael, en Arroyo Hondo.La concentración de asentamientos en áreas expuestas a crecidas y desbordamientos confirma que la vulnerabilidad urbana no se resuelve únicamente con obras de drenaje, sino que requiere planificación territorial, mantenimiento y medidas permanentes de prevención.