Buscan facilitar candidatura presidencial a dominicanos del exterior

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La Fundación de Servicios, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior (Funsede) considera que el artículo 20 de la Constitución dominicana establece restricciones que afectan los derechos políticos de los ciudadanos residentes fuera del país, especialmente de quienes aspiran a la Presidencia o Vicepresidencia de la República.

La organización, presidida por Pablo Rodríguez, ha solicitado al Congreso Nacional, los partidos políticos y distintas instituciones estudiar una modificación constitucional que garantice, según sostiene, la igualdad de oportunidades entre los dominicanos, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia.

La propuesta cuestiona particularmente la exigencia de haber residido en República Dominicana durante diez años antes de asumir la Presidencia o Vicepresidencia.

Funsede sostiene que esta condición limita la participación política de los dominicanos que han desarrollado parte de sus vidas en el extranjero, pese a conservar su nacionalidad y mantener vínculos familiares, económicos y sociales con el país.

La entidad también plantea que la disposición debe examinarse a la luz del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley.

¿Qué establece la Constitución?

El artículo 18 reconoce como dominicanos a los hijos de padre o madre dominicanos nacidos en el extranjero, aunque hayan adquirido otra nacionalidad por su lugar de nacimiento.

Por su parte, el artículo 20 establece que los dominicanos con doble nacionalidad podrán aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia siempre que renuncien a la nacionalidad extranjera con diez años de anticipación a las elecciones y hayan residido en el país durante los diez años anteriores al cargo.

Funsede manifiesta su conformidad con la obligación de renunciar a la nacionalidad extranjera para ocupar esas posiciones, pero considera necesario revisar la exigencia de residencia durante una década.

A juicio de la fundación, esta condición restringe injustificadamente las posibilidades de participación de los dominicanos residentes en el exterior.

Rodríguez ha argumentado que, con los medios de comunicación y las tecnologías actuales, vivir fuera del territorio dominicano no supone desconocer la realidad nacional ni estar desvinculado de los acontecimientos políticos, económicos y sociales del país. 

La propuesta llega al Congreso y a los partidos

La fundación remitió comunicaciones fechadas el 20 de octubre de 2026 a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como al senador Omar Fernández y al expresidente Leonel Fernández.

También presentó su planteamiento ante representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, además de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y otras instituciones.

En las comunicaciones, Funsede solicita que las autoridades valoren y estudien la propuesta, al considerar que su aprobación contribuiría a fortalecer los derechos políticos de los dominicanos residentes fuera del territorio nacional.

Como parte de sus argumentos, la organización cita la sentencia TC/0033/12 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional una disposición tributaria que establecía un trato desigual para dominicanos residentes en el extranjero.

La fundación utiliza ese precedente para sustentar su solicitud de revisar las condiciones establecidas para el ejercicio de los derechos políticos.

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