Pescadores de Ecuador demandan a EE.UU. por ataque con drones

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Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda en Estados Unidos contra el Gobierno del presidente Donald Trump, al que acusan de perpetrar un ataque con drones militares contra su barco y, posteriormente, secuestrarlos y torturarlos, según el escrito examinado por EFE este martes.

La querella, presentada ante una corte federal en Pensilvania, acusa al Gobierno de causar intencionalmente angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de la propiedad de los pescadores.

Los más de 17 demandantes exigen una compensación por daños y piden a su vez a la corte que ordene al Gobierno poner fin a estos ataques en el Caribe y el Pacífico.

Ataque con drones militares

  • El ataque contra el barco de estos pescadores, el Negra Francisca Duarte II, formó parte, según la demanda, de la campaña de ataques de EE. UU. contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, conocida como Operación Lanza del Sur (Southern Spear, en inglés) que, de acuerdo con la organización WOLA, ha dejado al menos 227 muertos.

EE. UU. ha asegurado que esta operación busca luchar contra el «narcoterrorismo» y el Pentágono ha defendido los ataques como una defensa «vital de los intereses nacionales» del país.

Tanto el Pentágono como el Comando Sur de EE. UU., sin embargo, han negado haber estado involucrados en el ataque contra el barco en el que viajaban los pescadores de la demanda.

El recurso detalla cómo la embarcación fue atacada con drones militares cuando navegaba de vuelta hacia Manta (Ecuador), tras haber pasado dos semanas pescando frente a las costas de las islas Galápagos.

Según el escrito, antes del ataque la Marina de Ecuador los interceptó, inspeccionó la embarcación durante unas tres horas y les permitió continuar su ruta.

El 17 de marzo, señala el documento, el barco fue atacado por “dos drones armados” que lanzaron “bombas” y provocaron que la embarcación se incendiara.

Dos de los pescadores, Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay, resultaron gravemente heridos, con quemaduras en las piernas, los brazos y la espalda.

La tripulación «saltó al mar» y nadó hasta unos pequeños botes de emergencia, en los que navegó hasta encontrarse con un «barco azul» que divisaron a lo lejos.

Allí se encontraron con una tripulación armada cuyos miembros «hablaban inglés«. Algunos llevaban uniformes de camuflaje con la bandera de EE.UU. y otros, chalecos salvavidas con las palabras ‘US Coast Guard‘.

Jordy Flores recibió atención médica, mientras que a los demás los ataron de manos y les cubrieron la cabeza con una bolsa negra, según la denuncia.

Mientras recibía atención, Flores asegura que, a través de un traductor, varios miembros de la tripulación le dijeron que ellos habían sido los responsables del ataque contra el barco.

Los pescadores fueron trasladados posteriormente a El Salvador, donde permanecieron privados de libertad hasta finales de marzo.

«El violento ataque (…) contra los demandantes y su embarcación, cuando se encontraban en una situación vulnerable en alta mar y no representaban ninguna amenaza para EE. UU. ni para su personal, fue extremo e indignante, sobrepasó todos los límites posibles de la decencia y debe considerarse absolutamente intolerable en un mundo civilizado”, escribió el abogado Daniel M. Kovalik, quien presentó la demanda en nombre de los pescadores.

Kovalik aseguró además que ninguno de los pescadores era miembro de ningún grupo narcotraficante o terrorista ni estaba vinculado a ellos.

Los pescadores «perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la destrucción» del barco y «atraviesan una grave situación económica. Todos sufren además un trauma psicológico severo a causa del ataque y el secuestro», insiste la demanda.

Esta es al menos la segunda querella que se presenta ante los tribunales de EE. UU. por parte de personas afectadas por estos ataques militares, o de sus familiares.

En octubre, los familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago que murieron en un ataque con misil contra una embarcación frente a las costas de la isla también presentaron una demanda contra el Gobierno ante una corte en Massachusetts.

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