El Gobierno mexicano atendió este jueves una denuncia del director Guillermo del Toro, ganador del Óscar, y de Nicolás Celis, productor de la premiada «Roma», para evitar que el padre de las sobrinas de Celis se lleve a las dos niñas a Israel sin tener la custodia.
El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció «una alerta migratoria en sus 194 puntos de tránsito internacional, para evitar la salida del país de 2 niñas, de madre mexicana y padre israelí, en relación con un juicio familiar en el estado de Morelos (en el centro del país)».
Celis denunció el miércoles que el padre de sus dos sobrinas «gastó más de tres millones de pesos» (casi 144.000 dólares) en sobornos para que un juzgado de Morelos le permitiera llevarse a las dos niñas a Israel, aunque la hermana del cineasta tiene «la guardia y custodia en ambos países».
El productor de «Roma», ganadora al Óscar por mejor película extranjera, pidió ayuda a Guillermo del Toro, quien a su vez solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
«Ya (está) boletinado en el Aeropuerto de Ciudad de México para no permitir el abuso. Es la instrucción que tenemos», les respondió el canciller Marcelo Ebrard en su Twitter.
En declaraciones a medios, Celis ha acusado al presidente del Tribunal de Morelos, Rubén Jasso, de corrupción para permitir que el hombre se lleve a las niñas.
Tras el escándalo mediático, la familia consiguió que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitiera este jueves una alerta amber para encontrar a las menores de edad, que se encontrarían en paradero desconocido, dentro de México, con su padre.
Una responde al nombre de Gal Dor El Medina, de 13 años, y la otra a Maya Dor El Medina, de 15 años.
El caso ha recibido el apoyo del Frente Nacional Mujeres, un colectivo que exige una Ley contra la Violencia Vicaria, que es como denominan a la violencia machista en la que los padres agreden o se llevan a sus propios hijos como una forma de también agredir a las madres.
Según han explicado, hay un patrón entre los agresores, que suelen ser padres, muchas veces con antecedentes violentos, que se quedan con los hijos alegando ante los jueces que estos han sido víctimas de su madre.
Desde 2019, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza una serie de reformas al Código Penal Federal para imponer hasta 10 años de cárcel al cónyuge que sustraiga, retenga u oculte a un menor fuera del Estado mexicano en donde reside.