De ser aprobado un proyecto de ley que conoce el Congreso Nacional, la República Dominicana cooperará con otros Estados para intercambiar información, prestar asistencia mutua y entablar acciones penales cuando se registren amenazas e incidentes de ciberseguridad.
La prerrogativa está contemplada en el anteproyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en República Dominicana, que impulsa la senadora Faride Raful, y se conoce en el Senado.
La pieza establece que el país atenderá las solicitudes de asistencia de otros Estados cuyas infraestructuras críticas fueren objeto de actos malintencionados relacionados con la tecnología de información y comunicación. También las actividades registradas en el territorio nacional contra infraestructuras de otros Estados, siempre tomando en cuenta la soberanía de los involucrados.
“La República Dominicana cooperará con otros Estados para intercambiar información, prestar asistencia mutua, entablar acciones penales por el uso de las tecnologías de información y comunicación con fines delictivos o terroristas y aplicar otras medidas de cooperación para hacer frente a las amenazas e incidentes de ciberseguridad”, refiere la iniciativa.
Contempla, además, una unidad operativa que funcionaría bajo la supervisión del Centro Nacional de Ciberseguridad, dependencia que estaría adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y autonomía funcional.
Se trata del Equipo Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CSIRT-RD) que tendría por objeto la identificación, detección, protección, respuestas y recuperación de incidentes de ciberseguridad generados en las infraestructuras críticas nacionales y en los activos, sistemas y servicios de tecnología de la información.
La iniciativa fue aprobada en primera lectura y está caminando a su segunda sanción en el Senado. De ser aprobada pasará a la Cámara de Diputados para agotar un proceso similar.