Salvo muy raras excepciones, la práctica ha sido que la Junta Central Electoral se ponga al servicio del gobernante de turno o que frente a él asuma una actitud pusilánime y permita que desde el poder se violente la legalidad electoral.

Esa matriz malograda es la que ha parido esta democracia secuestrada, una institucionalidad famélica y autoridades de cuestionada legitimidad.

La prensa muestra cotidianamente al presidente y miembros del pleno de la JCE, en diversos escenarios, mostrando su nuevo “juguete electrónico”, sin asumir su obligación de ponerle freno a la campaña que a destiempo y utilizando recursos públicos ha desatado el partido de gobierno desde hace varios meses.

La geografía nacional está repleta de vallas gigantes promoviendo candidaturas, algunas colocadas incluso a pocos metros de la propia sede central de la JCE y sin embargo es notoria la falta de carácter y voluntad para hacer que estos precandidatos se sometan al respeto de la ley.

Pero esta viene a ser una falta menor de la JCE si la comparamos con su actitud de indiferencia total ante la frenética campaña para la reelección de Danilo Medina que su facción partidaria impulsa en todo el país.

Semana tras semana se suceden actos públicos promoviendo la reelección de Danilo Medina, en los que se exhiben pancartas, se pronuncian discursos reeleccionistas, se coacciona a empleados públicos a asistir a estos actos, se utilizan vehículos y recursos públicos de los ministerios involucrados.

Solo en el mes de marzo se realizaron múltiples actos reeleccionistas: el día 10 en Azua; el 24 en Nagua, Dajabón , Imbert, Puerto Plata y Hato Mayor; el 31 en Santiago Rodríguez, Bonao y San Cristóbal. En todos ellos se destaca la presencia de senadores, diputados, alcaldes, regidores, gobernadores y empleados públicos de cada una de estas demarcaciones y todos contaron con el expreso respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Toda esta campaña de promoción de la reelección se hace a pesar de que la Constitución, en su artículo 124, dispone que el titular de la presidencia luego de agotado un segundo periodo consecutivo “…no podrá postularse jamás al mismo cargo…”, y que en su vigésima disposición transitoria estipula que de ser electo presidente el incumbente del periodo 2012-2016, luego de agotado el periodo 2016-2020 “…no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo,…”

¿Puede la JCE, en el marco de sus competencias y facultades mantenerse muda ante esta campaña de promoción de la reelección de Danilo Medina, que se desarrolla a contrapelo de la prohibición constitucional?

La JCE no puede ignorar que la Constitución, en su artículo 6, al consagrar su supremacía dispone que “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado…”

La actitud permisiva de la JCE frente a la campaña reeleccionista solo se explica porque se trata del Presidente de la República, ante cuyo poder todos se someten. ¿Acaso se mantendría indiferente la JCE si de pronto se iniciara una campaña de promoción a la Presidencia de la República del actual Ministro de Defensa o del Director de la Policía Nacional?

De seguro, en estos casos hipotéticos, la JCE actuaría de inmediato para detener a los promotores de estas campañas, no tanto por extemporáneas, sino y sobre todo por ser contrarias a las disposiciones de la Constitución que prohíbe a militares y policías postularse a cargos electivos, siendo pasivos de ser puestos a disposición de la justicia.

Pues bien, este es el mismo caso que nos ocupa. Todos los que en estos momentos están promoviendo la reelección de Danilo Medina están realizando actos manifiestamente contrarios a la prohibición constitucional de la reelección del Presidente de la República, por demás castigados por la Ley Penal.

El artículo 114 del Código Penal Dominicano dispone que: “Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica. (…)” .

La JCE no puede alegar ignorancia. En instancia que dirigiera el partido Alianza País al presidente y miembros del pleno de la JCE, el pasado 27 de agosto de 2018, se le solicitaba oportunamente lo siguiente:“…disponer cuantas medidas fueren necesarias como comunicaciones directas al Presidente de la República y a sus ministros, a legisladores, alcaldes y regidores, así como también divulgar comunicados públicos advirtiendo que toda campaña directa o indirecta de promoción de la reelección presidencial constituyen actos violatorios de la Constitución de la República y en consecuencias quienes incurran en su violación se exponen a recibir las sanciones que correspondan.”

De más está decir, que en todo este tiempo, el presidente y miembros del pleno de la JCE no han hecho el más leve movimiento de su dedo meñique para detener la campaña de promoción de la reelección de Danilo Medina.