El mayor general Adán Cáceres y los implicados en el caso Coral no lograron su objetivo de que un juez le permitiera salir de la prisión, por el contrario, el magistrado Raymundo Mejía le ratificó este viernes la medida de coerción a todos los imputados de ese proceso.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el planteamiento del Ministerio Público, cuyos representantes argumentaron que no han variado los elementos que dieron origen a la coerción que se les impuso a los imputados.
En ese sentido permanecerán en prisión: Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. El grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario vigilado y tiene impedimento de salida del país.
La investigación del Ministerio Público establece que, supuestamente, Adán Cáceres desarrolló una red para desfalcar al Estado. La misma funcionaba en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público indica que este entramado criminal también realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
Supuestamente los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En torno a estos hallazgos, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.