La crisis en Ucrania ha confirmado que las sanciones económicas impuestas sobre países no suelen lograr que sus gobiernos cambien su comportamiento. Los rusos siguieron adelante con la invasión que habían estado planeando. Previamente, había sucedido con Cuba, cuyo gobierno revolucionario ha navegado sin zozobrar a través de decenios de bloqueos y restricciones. Igual ocurrió con Venezuela y el gobierno bolivariano, que permanece aferrado al poder no obstante las medidas económicas tomadas en su contra. Y también pasó lo mismo con Irán y su régimen islámico, económicamente aislado por su programa nuclear, pero capaz de superar las sanciones hasta forzar un nuevo acuerdo favorable para ellos.
Una característica común de esos casos en que las sanciones no han logrado su propósito, es que se trata de países donde la democracia no existe o enfrenta graves limitaciones. Una de las principales formas en que las sanciones pueden surtir efecto es a través del descontento popular causado por las resultantes estrecheces económicas, el cual presiona a las autoridades a modificar su comportamiento a fin de mitigarlo. Pero si la capacidad de expresión de la población es reducida, el gobierno dispone de mayor margen para perseverar en sus actuaciones.
También, en adición a esa característica común, los regímenes sancionados disponen ahora de un aliado poderoso, que les ofrece la posibilidad de escapar, aunque sea parcialmente, de los efectos de las sanciones, especialmente en cuanto a las que inciden sobre los medios de pago y el sistema financiero. Se trata de las criptomonedas.
Los venezolanos crearon su petro para hacer transacciones comerciales restringidas. Irán utilizó el petróleo que las sanciones le impedían exportar, para generar la electricidad que los bancos de computadoras necesitan para “minar” bitcoins. Y los rusos operan sitios donde las criptomonedas se conservan y negocian fuera del escrutinio y alcance de los países que les impusieron las sanciones.