La opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable el viernes de delitos imputados por el gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado como favorita contra la reelección del mandatario.
En el juicio, también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). «Declararon culpables a todos (…) el 21 de marzo leen la sentencia», dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la AFP.
Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Además se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado.
«Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, pero jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente», dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de internet 100% Noticias, crítico del gobierno.
La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.
En tanto, solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.
También se pide siete años para su chofer Pedro Vásquez como «colaborador necesario» en el delito de lavado de dinero.
La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la policía en Managua, conocida como El Chipote.
Chamorro, periodista de profesión, es una de los siete exaspirantes a la presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, está en el poder desde 2007. Su reciente mandato ha sido cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que las elecciones nicaragüenses no fueron democráticas.
La Fundación de Chamorro, que llevaba el nombre de su madre, se dedicaba a promover la libertad de prensa y a capacitar a periodistas.
Durante el proceso, la fiscalía, en manos del oficialismo, acusó a la FVBCH de financiar a periodistas y medios de prensa para «desestabilizar la buena marcha» del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
– Ilegalidades
En el extenso proceso contra Chamorro y otros cuatro procesados desde el 3 de marzo, la fiscalía aportó más de 70 pruebas documentales y unos 40 testigos, en su mayoría agentes de policía, según fuentes cercanas a la familia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) valoró que al igual que los procesos contra otros detenidos en este también «imperaron las ilegalidades» y que las pruebas documentales presentadas por la fiscalía «no demostraron la comisión de ningún delito».