En menos de dos años, los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Supérate, sea con la clonación de tarjeta o uso no autorizado de la cédula de identidad, superan los 300 millones de pesos.
El dato lo ofreció la consultora jurídica de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Solange Rodríguez, quien asegura que esa entidad ha presentado denuncias formales contra 56 colmados por esos fraudes.
Más de 100 millones corresponden a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30,000 beneficiarios y por el que al menos a seis personas se le solicitó medida de coerción por parte de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Solo a esas seis personas se le calculan transacciones por orden de los 14 millones de pesos, realizadas entre el 18 y 20 de febrero, algunas de ellas en horas de la madrugada, pese a los acuerdos arribados con las instituciones de intermediación financiera para no aprobar las mismas entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.
Sin embargo, Rodríguez dice que no han logrado establecer un monto fijo de todas las operaciones fraudulentas debido a que las denuncias de los afectados llegan constantemente, además de que no siempre logran identificar a los negocios envueltos o conseguir los recibos de las transacciones.
Las investigaciones, que se denominan como el caso Solidaridad 3.0, datan desde principio de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, alertó sobre un fraude con la tarjeta Progresando con Solidaridad (hoy Supérate). Desde entonces, y sin lo ocurrido en febrero, calculan estafas por un monto de 200 millones de pesos.
A la fecha unas 40 personas, entre dueños de colmados y clonadores de tarjetas, en su mayoría jóvenes de clase media de distintas partes del país, han sido sometidos.
Los casos que han llegado a la justicia involucran a siete comercios de Santo Domingo, dos de Santiago, dos de Barahona, uno de Puerto Plata, uno de San Pedro de Macorís y uno de San Juan.
Contra 26 de los sometidos pesa alguna medida de coerción que, aunque inicialmente fue de prisión preventiva por tres meses, han ido variando al uso de grilletes electrónicos y garantía económica.
La directora general de Adess, Digna Reynoso, clamó por un mayor compromiso de parte de los actores del sistema de justicia para que acepten las pruebas que se presentan en los tribunales, ya que muchas veces los casos se caen por la dificultad del ministerio público de llevar a los afectados a la audiencia.