El retraso, la negativa al pa­go a desalojar viviendas y otros inmuebles alquilados desde hace años, está pro­vocando conflictos entre sus propietarios e inquilinos en Santiago y otras provin­cias.

Abogados explicaron que hace 10, 15, 20, 30 años y más, muchas personas ren­taban inmuebles sin contra­tos jurídicos.

Indicó que esas personas comenzaron los alquileres con bajas tarifas de pago por rentas y que cuando los dueños tratan de aumen­tarlas, no solo se niegan a pagar, sino que no quieren desalojar y para hacerlo exi­gen determinada cantidad de dinero.

Tal es el caso de Miguel Rodríguez que dice que al­quiló una casa en Cienfuegos a un hombre hace 30 años.

Sostuvo que el individuo tiene un colmado y que él se la está pidiendo para repa­rarla, pero que el inquilino le está exigiendo una suma de dinero que no está a su alcance para desalojar.

Explicó que comprende que cometió el error de no hacer un contrato vía un abogado y que por eso tra­tó de negociar ofertándole 100,000 pesos, pero que pi­de más.

Casos similares son con­tados por muchos propieta­rios de inmuebles.

Tal es el caso de una in­mobiliaria que compró un solar para construir un edi­ficio de apartamentos y ofi­cinas en el sector Jardines Metropolitanos, pero el te­rreno lo tenía alquilado un señor que operaba un la­vadero de vehículos, quien aparte de que dejó de pagar las rentas alegando que no hizo negocio con los com­pradores, sino con los ven­dedores, para lograr que desaloje el lugar, hubo que cederle mediante acto nota­rial, una de las oficinas.

Hay alguna mejoría
El abogado Porfirio Matías dijo que ahora la situación ha mejorado bastante, pe­ro que todavía en los tribu­nales se ventilan casos re­lacionados a conflictos de alquiler de inmuebles esta­blecidos años atrás.

Significó que ahora los contratos de rentas de vi­viendas, locales y ofici­nas se hacen con actos fir­mados por notarios y casi siempre es por un año o dos, pero con la opción de ser renovados.

Asimismo, expresó que el propietario no tiene que cobrar las tarifas mensuales de las rentas, porque de eso se encarga el abogado.

Explicó que cuando el inquilino se retrasa con un mes se le da un plazo, pero cuando llega a dos meses, se le advierte que debe po­nerse al día con el pago, pa­ra evitar ser desalojado.

A los tres meses de atra­sos le envía un acto de al­guacil y si no responde se rescinde el contrato y tiene que ponerse al día o desalo­jar, porque el acuerdo así lo establece.

Indicó que muchos de los morosos cuando se les en­vían las intimaciones jurídi­cas se preocupan y pagan, pero que cuando se vence el contrato no se los renuevan.