Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este jueves violaciones de derechos humanos de los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. La falta de documentos de identidad fue el principal tema expuesto durante la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las instituciones no gubernamentales argumentaron que la falta de documentos le impide a esa población acceder al mercado laboral formal, situación que los empuja a la informalidad y a la explotación en los trabajos, le restringe de participar en la vida pública, acceder a créditos o programas gubernamentales y de asistencia social.
Wishna Joseph afirmó que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional desnacionalizó a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, y que todavía más de 35 mil no han recuperado sus documentos de identidad. En cuanto al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, las organizaciones cifraron en 7,149 las personas que continúan a la espera de ver su ciudadanía efectivamente acreditada.
Además, criticaron la deportación de mujeres haitianas embarazadas quienes, aseguraron, fueron capturadas en las inmediaciones de los hospitales cuando acudieron a recibir atenciones de salud. También juzgaron las deportaciones de niños y adolescentes.
A inicios de noviembre de 2021, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que seguirá con las medidas migratorias más estrictas y pidió a la comunidad internacional actuar en Haití con urgencia. El Gobierno tomó las medidas ante la grave inestabilidad política y de seguridad que atraviesa Haití, la cual se recrudeció luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Sobre las deportaciones de las mujeres embarazadas, las autoridades dominicanas han señalado “la carga irrazonable” que supone para las finanzas públicas las atenciones en salud que brinda a las personas extranjeras sin documentos. Por tanto, se impidió el acceso al país a mujeres embarazadas a partir de los seis meses de gestación. El Gobierno dominicano también limitó solo a casos de emergencias, el acceso a los hospitales de todo el país a los inmigrantes indocumentados.
“Comunicados, cartas, notas de prensa, tour de medios, solicitudes de reuniones, visitas a funcionarios… han sido parte de la estrategia de acercamiento. Sin embargo, desde su instalación las nuevas autoridades han dado señales inequívocas de ignorar los pocos avances alcanzados, implementando una serie de medidas que agravan la situación de dominicanos de ascendencia haitiana y sus familiares”, dijo Wishna Joseph.
“Hemos venido, nueva vez aquí, a un espacio en que los ciudadanos tenemos la oportunidad de ser escuchados para pedirle a nuestro Gobierno que pase la página de la discriminación institucionalizada. Hemos venido a decir a nuestras autoridades que los jóvenes que luchamos por nuestra superación somos parte integral de cualquier tipo de cambio que busque construir una sociedad más justa y democrática”, expresaron.
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Demandas
Las organizaciones solicitaron al Estado dominicano, por intermediación de la CIDH, la adopción de una ley contra la discriminación, el reconocimiento sin restricciones del derecho de nacionalidad dominicana para los nacidos antes del 26 de enero de 2010, que la sentencia 168-13 “no siga produciendo” efectos sobre personas nacidas en territorio dominicano antes del 26 de enero de 2010, la garantía de la seguridad jurídica para recobrar de manera efectiva la nacionalidad a las personas destinatarias de la ley 169-14 y de los decretos 250-14, 262-20, 297-21.
Requirieron al Estado dominicano la “aplicación real” de estándares internacionales en caso de deportaciones de migrantes, sobre todo de aquellos de origen haitiano. Las organizaciones también solicitaron que se establezca régimen de consecuencias para los agentes migratorios que actúen fuera de los lineamientos.
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Las organizaciones participantes fueron los movimientos: Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha), de Mujeres Domínico Haitiana (Mudha) y Reconoci.Do; también el Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (Ascala).
Sigue en la lista la Red Nacional de Organizaciones Populares (Renopo), la Asociación para la Promoción de la Vida (Coovida), el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality).