El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santiago, Gregorio Domínguez, presentó este viernes ante el Juzgado de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Jusicia (SCJ) las pruebas y testimonios para demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado el Ministerio Público, y que por el contrario es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
Al diputado se le acusa de haber invadido unos terrenos privados en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, lugar en el que desarrolla un proyecto turístico de villas en perjuicio de una ciudadana que supuestamente fue desalojada y que dice ser la dueña de las tierras en cuestión.
Durante la audiencia los abogados del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta, dictar un auto de no ha lugar, es decir, poner fin a la acusación por no existir pruebas que sustenten la acusación del Ministerio Público y la acusación particular que presentó la parte privada agraviada.
Durante la exposición en la Suprema Corte de Justicia, el congresista presentó una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la propiedad.
Además, las defensas del congresista aseguró que no es cierto que Domínguez haya estado presente durante los presuntos desalojos que se realizaron en los terrenos y como testigo de ello dijo que están su chofer, su secretaria, se encargado de seguridad, y un camarógrafo.
Supuestamente, estos estuvieron juntos con el congresista realizando un recorrido proselitista en Santiago el 27 de mayo 2020, que es la fecha en la que se produjo el desalojo. Con esto pretende demostrar que no es cierto que él y sus testigos estuvieron en el desalojo a la propiedad.
Acusación del Ministerio Público
Con anterioridad el Ministerio Público había presentado la acusación por violación de propiedad privada contra Gregorio Domínguez, a quien también le conocen como Fausto. Solicitó que envíen a juicio al diputado y que le imponga medida de coerción consistente en presentación periódica.
El expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del imputado, se presentaron, por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Lucila Nelly Capellán Luna construía su vivienda.
Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.
El Ministerio Público le atribuye al legislador, en calidad de autor, la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario.
La acusación la acompañan diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas.
La acusación presentada por el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez y el procurador de corte Melquiades Suero señala que Domínguez violó los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna.