SANTO DOMINGO.- La bomba explotó en diciembre del 2016 y al mes siguiente empezó el desfile de interrogados en la Procuraduría General de la República.

Las ruedas de prensa eran constantes, el “Caiga quien caiga” retumbaba en boca del procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez, quien también se valió de otras frases para referirse a los involucrados en el caso de corrupción sin precedentes.

Los televisados apresamientos se dieron en mayo del 2017, tras los barrotes 10 de los 14 acusados: Temístocles Montás, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Radhamés Segura, César Sánchez y Máximo De Oleo, fueron los detenidos.

Bernardo Castellanos de Moya, se encontraba fuera del país, posteriormente se puso a disposición de las autoridades, mientras que por su inmunidad parlamentaria respondieron a las imputaciones en libertad, los senadores del PLD Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco del PRM.

Previamente, la PGR había firmado un acuerdo con la empresa brasileña que admitió haber pagado sobornos en República Dominicana y al menos una decena de países.

Con el pacto, Odebrecht se comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, el doble de la suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país.

Tras meses en la Cárcel de Najayo, los acusados empezaron a recuperar su libertad paulatinamente, al final solamente seis de los 14 señalados inicialmente quedaron en el proceso.

También el en ese entonces juez de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y Odebrecht, basado en que se precisa un “requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica” que “el procedimiento escogido”.

Además, el magistrado decidió sobre los archivos definitivos de los expedientes de Ruddy González, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Temístocles Montás, Máximo D’Oleo, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos y César Sánchez.

Dijo que el archivo definitivo «nunca existió». El argumento de Vargas se sostiene en que el Ministerio Público no notificó en el plazo establecido a una de las partes querellantes sobre su intención de archivar los expedientes de ocho imputados.

El juicio se conoció en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y el Ministerio Público logró que el tribunal admitiera más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos, desde que comenzaron la presentación de su oferta probatoria el 8 de enero de 2021, sin embargo, lo que no consiguió fue que le acogieron las delaciones premiadas.

Las delaciones premiadas que el MP pretendía incorporar como medio de prueba, carecían de sellos oficiales del Ministerio Público Federal de Brasil, código de lectura de barra, apostillas y notarizaciones legales, requisitos considerados vitales para que puedan ser admitidas en el juicio de fondo.

Las defensas de los acusados habían solicitado que las delaciones no entraran al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal.

Acusaciones individuales

Contra Ángel Rondón, el órgano acusador presentó al tribunal que constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.

La Pepca planteó que el imputado, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas. Indicó que los vínculos políticos y sociales de Rondón le permitían realizar las transacciones y las conexiones necesarias para la obtención de las obras.

Contra Rondón se afirma que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos cuantiosos en pesos y dólares, por RD$983,682,226.57.

A Víctor Díaz Rúa, se le imputan los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

Mientras que Tommy Galán, según los fiscales, logró su crecimiento patrimonial cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

En el caso de Andrés Bautista, la Pepca afirma que de 1994 al 2004 su patrimonio inmobiliario se incrementó en 668 % y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.

Contra Conrado Pittaluga, el Ministerio Público dice que es testaferro de Díaz Rúa, firmó contratos de servicios jurídicos de fachada con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Afirma que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.

Roberto Rodríguez es señalado en el primer contrato que obtuvo Odebrecht, hablamos de la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009 a través de una cuñada. Describe además productos financieros.

El órgano acusador está solicitando sentencias de diez años contra Rondón y Díaz Rúa; siete años contra Pittaluga y cinco para Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista. (SIN)