El feminicidio de la abogada Anibel González Ureña el pasado 31 de agosto ha dejado al desnudo un sistema judicial plagado de fallos en los procedimientos de atención a las víctimas de violencia de género, que este año se ha cobrado la vida de más de 36 mujeres.

El mar de preguntas se ha concentrado en cómo su expareja, el comerciante en el área de mueblería y electrodoméstico Yasmil (Ray) Fernández pudo salir de la cárcel a tan solo 18 meses de haber tratado de asesinar con un cuchillo a Anibel, el 2 de diciembre del 2017.

La primera reacción que tuvo la Procuraduría General de la República a este homicidio-suicidio de la pareja fue designar una investigación. El domingo 1 de septiembre que enterraron a Anibel, la institución anunciaba el inicio de una investigación a cargo del magistrado Bolivar Sánchez y de Ana Andrea Villa, titular de la Dirección Contra Violencia de Género. Y como si fuera para justificarse, la Procuraduría también informó que el imputado salió de la cárcel en virtud de un acuerdo penal abreviado que había firmado la propia víctima.

Nuria Investigación Periodística accedió al expediente completo de este caso y confirmó que el único documento que existe con la supuesta firma de Anibel referente a un acuerdo con su exesposo fue uno emitido desde la Unidad de Atención de a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, la cual solicitó al Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia la aplicación de un procedimiento penal abreviado, es decir, un acuerdo parcial en fecha 17 de enero de este año, bajo supervisión de la magistrada Margarita Hernández.

Ante las dudas que han rodeado el accionar del Ministerio Público y los jueces en este proceso, solicitamos al médico forense y grafólogo Tomás Cordero Bello para que analizara esta firma, y la comparara con otras tres que aparecen en el expediente de Anibel, incluyendo su cedula de identidad.

“En estos tres documentos ella empieza a describir su nombre Anibel con una A mayúscula, compuesta de tres trazados, mientras en la firma que se cuestiona (en el documento de preacuerdo) veo que hay una letra A minúscula, compuesta por dos trazados”, inició el experto.

Varias características fueron verificadas, como el apoyo del bolígrafo, análisis particular de las letras, los trazados que se despegan del papel. Sus 30 años de experiencia como investigador de criminalística en la Policía Nacional le alcanza para dar con unas gravísimas conclusiones.

“La firma que existe en el documento que se cuestiona es diferente a las firmas que aparecen en estos tres documentos que nos han traído como documentos cuyas firmas es de puna y letra es auténtica. En tal caso podemos llegar a la conclusión de decir que la mano escritura que está en el documento cuestionado es una falsa y no fue hecha de puño y letra de la persona denominada Anibel González Ureña”, concluyó Tomás Cordero Bello. Este papel en el que aparece la firma cuestionada básicamente fijaba una audiencia para el conocimiento de la pena aplicable y no establecía las condiciones del acuerdo, mucho menos cuándo el imputado saldría de la cárcel.

Para el abogado Miguel Valerio, la identificación de una firma falsificada en un documento del Ministerio Público es grave, con penas de tres a 10 años de prisión. “La implicación es falsedad de documento público y un acto de corrupción del funcionario, de abuso de poder y una serie de implicaciones que conllevarían un cierto grado de perversidad en el Ministerio Público y la conducta delictual ya no pasa de un juicio disciplinario, sino a una sometimiento penal”, explicó Valerio.

El acuerdo fue aprobado el 6 de febrero del 2019 en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís integrado por los jueces Juan de la Cruz Rijo Güilamo, Haydelisa Ramírez Henríquez y Katerine Santana Mejia. Anibel estuvo representada por la magistrada Margarita Hernández, en sustitución de la fiscal Luz Almonte, quien al momento de enterarse del acuerdo ese día, a pesar de que fue la representante de Anibel González en todo el proceso, expresó su desconocimiento, rechazo al acuerdo y se retiró de estrado.

Esta decisión de los jueces fue prácticamente un acuerdo con la muerte para Anibel González Ureña y su verdugo que salió del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís los primeros días de junio y materializó el ataque mortal, en presencia de sus hijas, el 30 de agosto.