La cancelación y arresto de los organizadores del “Hell Fest” o festival del infierno, la fiesta de Halloween que se celebraría anoche en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera, se debió a que el evento sería utilizado como plataforma para la comercialización de éxtasis y otras drogas prohibidas, según informaron las autoridades.

Josefina Capellán, portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), aseguró a Diario Libre que la institución antidrogas tenía información de inteligencia, debido a que en el concierto fue infiltrado un grupo de agentes de la DNCD que investigó la situación.

Explicó que no es cierto que la actividad se haya cancelado por presuntas denuncias de que sería una festividad de adoración al demonio, como había expresado el dueño del evento, el joven Miguel Guzmán, quien fue puesto bajo arresto.

“En la República Dominicana hay libertad de culto, pero lo primero es que la fiesta no tenía permiso y los organismos de inteligencia tenían información de que el evento se iba a utilizar como plataforma para venta de éxtasis y otras drogas ilegales”, precisó la portavoz de la DNCD.

Además, dijo que, “de hecho, la seguridad del evento tenía droga encima para la venta. Se infiltró personal antes de iniciar el evento y ahí se comenzó a descubrir las ramificaciones para la venta. Cuando llega la Fiscalía con la DNCD, la Policía Nacional, el encargado de seguridad se da a la huida, pero lo logran atrapar”.

Los apresados están en control del Ministerio Público para fines de sometimiento judicial.

El concierto “Hell Fest” estaba pautado a celebrarse anoche, pero no llegó a concretarse debido a la intervención de las autoridades. Al ser arrestado, Miguel Guzmán, el organizador dijo que destruyeron sus ahorros y acabaron con su carrera.

“Reconocemos que tuvimos un error de comercialización. Desbarataron mi carrera, eso te lo puedo confesar, destruyeron mis ahorros que eran ocho millones de pesos, pero este es mi país, soy dominicano, somos jóvenes, seguir trabajando”, dijo Guzmán, mientras era llevado por las autoridades amarrado por las manos junto a su padre.

En el lugar también fue arrestado uno de los agentes de seguridad del acto, quien en principio salió corriendo de los agentes y tirando bolsitas supuestamente con drogas que serían vendidas en el evento. Recogieron varias bolsitas de marihuana y armas blancas (puñales y machetes), según dijeron los que realizaron el operativo.

En la cancelación del evento participó gran contingente militar y policial encabezado por la Procuradora de Corte, Olga Diná Llaverías. Actuaron miembros del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Control de Bebidas Alcohólicas y del Ministerio de Interior y Policía.

Varias personas, que pagaron desde 25 mil pesos hasta 80 mil para instalar carpas y vender comidas y bebidas, lamentaron la situación y no quisieron hablar ante las cámaras.

Las boletas del evento tenían un precio de 500 pesos. Muchos de los jóvenes que participarían, permanecían en el lugar desconociendo la situación del evento y preguntando si le devolverían el dinero de la boleta.