Informe56.com / San Francisco de Macorís.- La Federación Dominicana de Comerciantes mediante rueda de prensa fijó este martes su posición del comercio organizado a nivel nacional sobre la situación que afecta a los ahorrantes de la empresa Munne.
La Federación Dominicana de Comerciantes expuso íntegramente lo siguiente:
El comercio nacional organizado en la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y especialmente el comercio de San Francisco de Macorís y el Nordeste, está conmocionado por la estafa de RD$2,300,000,000.00 (Dos mil trescientos millones de pesos) por parte de Munné y Compañía a más de cuatro mil personas de esta región.
Llamamos la atención del honorable presidente de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez, al Gobernador del Banco Central, Licenciado Héctor Valdez Albizu, al Superintendente de Bancos, Licenciado Armando Asunción, al Magistrado Procurador General de la República Dominicana, Licenciado Jean Alain Rodríguez, porque no es posible que después de varios meses de que esta enorme estafa se realizara, aún las autoridades no hayan actuado con la debida diligencia ante este desfalco multimillonario de Munné y Compañía.
El impago de los intereses y el capital a los afectados, está llevando a la desesperación a. estas cuatro mil familias y automáticamente a la quiebra al pequeño y mediano comerciante de San Francisco de Macorís, ya que mensualmente por concepto de intereses circulaban más de RD$20 millones de pesos, que eran utilizados para la compra de alimentos, educación y medicinas por estas familias, y que el comercio les ofrecía crédito mensuales y al tener varios meses del impago, el comercio ha acumulado cuentas por cobrar de más de RD$100 millones de pesos y está enfrentando una crisis de liquidez para pagarle a sus suplidores.
Es inaudito que esta empresa comercial, funcionando como un banco, haya sustraído una cantidad tan grande de dinero a tantas personas, sin contar con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, violando el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, Ley 183-02, en su artículo 68, donde se catalogan las infracciones muy graves.
Y más aún, declarando pérdidas ante la DGII por más de diez años, solo pagando el 10% de los intereses cobrados a los clientes, como si fuera una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Banco.