Autoridades allanaron este jueves una propiedad del expelotero José Rijo, de donde rescataron tres de cuatro cocodrilos que mantenía en el lugar de manera irregular y en condiciones deplorables. Uno de los ejemplares murió.

La vivienda allanada está ubicada en la localidad Madre Vieja Sur, de San Cristóbal.

“Se trata de cuatro cocodrilos que hemos encontrado en un área en que no pueden estar, en violación a la Ley 64-00. Las condiciones en que se encontraban ha provocado que uno de estos animales muriera, es lamentable pero lo que estamos tratando es que estos que han sobrevivido puedan estar en mejores condiciones, en un lugar donde reciban la protección y las atenciones adecuadas”, explicó el procurador general de Medio Ambiente de San Cristóbal, Rigoberto Santana del Rosario, quien encabezó el operativo junto a autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y del Parque Zoológico Nacional.

El Ministerio Público abrió una investigación de la que se pueden derivar sanciones contra el expelotero de Grandes Ligas.

En un comunicado de prensa las autoridades detallaron que los tres sobrevivientes permanecían en torno a una pequeña pileta, con escasos litros de agua, lo que amenazaba su salud y su vida.

Los animales serán trasladados al Parque Zoológico Nacional donde serán sometidos a los análisis y cuidados veterinarios correspondientes, para su posterior integración a un hábitat adecuado.

El cocodrilo es una especie cuya preservación está amenazada y que, por tanto, no está permitida la tenencia al menos que sea en zoológicos y espacios similares, explicó el biólogo Nelson García Mercado, del Ministerio de Medio Ambiente. “Los animales están en unas condiciones terribles de salubridad. Les tiran la comida con todo y bolsas plásticas”, detalló el profesional.

La Procuraduría General de la República indica que el expelotero conservaba estos animales en cautiverio sin los debidos permisos ambientales, en violación a la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (64-00), en los artículos 136, 137, 174, 175.1 y 175.3.

Detalla que el operativo contó con la autorización de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, a través de la jueza Katerine Rubio Matos y que el allanamiento continúa las investigaciones, en procura de perseguir las sanciones que correspondan.