El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó que detrás de la violencia en la que degeneraron algunas de las protestas sociales de este sábado hay una maniobra política, y anunció que ya se llevaban 1,200 personas detenidas en un día en que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.
En una comparecencia ante la prensa poco antes de la medianoche del sábado durante una salida para manifestar su apoyo a las fuerzas del orden, Lecornu indicó que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha dado instrucciones a los fiscales para que pidan prisión provisional para los detenidos.
Justificó esas instrucciones porque los arrestados presentan «perfiles particularmente violentos y peligrosos».
«No se puede permitir que una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan», añadió después de haber hecho hincapié en que en París se habían intentado atacar «los centros de poder» como el palacio del Elíseo, Matignon, que es la residencia oficial del primer ministro, o la Asamblea Nacional.
Impacto en ciudades
«Por lo tanto es claramente una maniobra política que acepta la violencia», añadió antes de subrayar que «no nos dejaremos intimidar«.
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de las ciudades más afectadas por los destrozos y los pillajes, han solicitado una reunión con Lecornu a principios de la próxima semana, «dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación» relacionada con la violencia, el vandalismo y los saqueos ocurridos en sus ciudades el sábado.
«Exigimos un diagnóstico preciso que explique la cadena de acontecimientos que condujeron a esta situación. Esto no puede ni debe volver a ocurrir», escribieron el socialista Emmanuel Grégoire (París), el independiente de izquierdas Benoît Payan (Marsella) y el ecologista Grégory Doucet (Lyon) en un comunicado conjunto.
Cifras y manifestaciones
Los tres cargos electos afirmaron que incluyen a todos los alcaldes de los municipios afectados en su iniciativa.
Las manifestaciones que se desarrollaron por todo el país con una larga lista de reivindicaciones y convocadas por un variado conglomerado de colectivos, empezando por los estudiantes, pero también miembros de los ‘chalecos amarillos‘ o empleados de servicios públicos reunieron a 550,000 personas, según el Gobierno y hasta más de 800,000, según los organizadores.
Una asistencia masiva (fueron 110,000 sólo en París, de acuerdo con el Ministerio del Interior), que superó muy ampliamente las expectativas del Ejecutivo, que en vísperas de esta jornada había indicado que serían como mucho 150,000 en todo el país.
Otra sorpresa relativa fue el nivel y la amplitud de la violencia en muchas ciudades, con ataques a edificios públicos (el que más marcó la destrucción por un incendio del histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges) y saqueos de cientos de comercios.