El consumidor dominicano está en “situación de vulnerabilidad”

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Representantes de cuatro organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores plantearon este lunes que los dominicanos están en una “situación de vulnerabilidad“ y que el “Gobierno muestra gran desinterés” en defender a este amplio sector poblacional.

Las organizaciones Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), Asociación Dominicana para la Educación y Protección al Consumidor y Usuario (Adopreco), Asociación de Comités de Amas de Casa Consumidoras y Usuarias de Servicios (Acadiscna), y el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), emitieron una declaración conjunta tras depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, a las 9:30 la mañana de este lunes 15 de marzo, con motivo de celebrarse el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

Las entidades entienden que «la especulación y alzas indiscriminadas en alimentos básicos; los combustibles y la falta de atención ante estos reclamos de sectores vulnerables es muestra de esa gran indiferencia de parte de las autoridades».

Indican que los derechos de tercera generación están legalmente protegidos por la Constitución y la legislación dominicana. Dentro de estos derechos figuran los del consumidor, contemplados en el artículo 53 de la Carta Magna, desde el 26 de enero de 2010 y en la Ley General número 358-05 de los Derechos del Consumidor y Usuario.

La declaración conjunta sostiene que la Constitución de República Dominicana establece en su artículo 53, que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna…”, entre otros mandatos y objetivos que ordenan compensar e indemnizar al consumidor o usuario en caso de ser lesionado en su relación con el mercado.

Además, deploró las «amenazas latentes de privatizar el agua».

Refieren que en este 15 de marzo, el consumidor dominicano se encuentra en una “situación de vulnerabilidad que debe ser reparada, porque la institución el Instituto que le la ley designó constituyó para garantizar sus derechos, atraviesa por una crisis institucional, desde hace varios años, cuando sufrió un resquebrajamiento interno al violentar violar cuestiones básicas de su funcionamiento, como fue desconocer y eliminar dos importantes subdirecciones (las técnica y administrativa) las cuales crea manda expresamente la ley, con funciones indispensables en ese ente regulador instituto, y que dichas dependencias, desde sus inicios, dieron el soporte necesario a Pro Consumidor”.

Además, su Consejo Directivo, organismo jerárquico superior (artículo 7 y 9 de la Ley 358-05) ha sido violentado en su integración y representación actual, ilegítima, porque no responde a lo que ordena la ley. Y tampoco se reúne ese máximo órgano de decisión se reúne como lo ordena el artículo 13 de la misma legislación.

Dicen que “el Estado de derecho se construye con instituciones fuertes, las cuales deben contar con la voluntad y el apoyo político necesario para cumplir con la función que le asigna la ley y el ordenamiento jurídico en general”.

A esta situación, según señalan, se le añaden “las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia (COVID-19), la especulación con los precios de los artículos de primera necesidad y la falta de visión para propiciar la producción y el consumo sustentable, como se contempla en el objetivo 12 de la Agenda 20-30 de la ONU, que proclama los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Sostienen que la especulación con los precios de los artículos de la canasta básica se hace sentir “cuando acudimos a los centros comerciales y nos encontramos con alzas hasta del 50 por ciento respecto al mes de diciembre. Con esas alzas alarmantes no solo han sido afectados los alimentos, las grasas comestibles y los productos lácteos, sino también los detergentes, papel de baño, servilletas, y muchos otros artículos del hogar, necesarios en la vida cotidiana”.

Agregan que “ante esta situación, las amas de casas y los consumidores en general, vemos reducir las posibilidades nutricionales de nuestras familias al encarecer las dos fuentes de proteínas hasta ahora consideradas entre las más accesible a los presupuestos de las familias, como son el pollo y los huevos, y se agrega el alza de la carne de res y de cerdo, de poco alcance para la mayoría de las familias”.

Indican que lo más grave en el alza de los alimentos es que luego, cuando las razones que motivan algunas alzas en los productos recobran su cauce, no bajan los precios en el mercado, salvo aquellos de temporadas, como ocurre ahora con las hortalizas y verduras, entre otros artículos de ciclos cortos.

Refieren que “los consumidores y usuarios tenemos que enfrentar cada semana los altos precios de los combustibles, los cuales se mantienen hacia el alza por la carga impositiva con la que son gravados mediante resoluciones antojadizas, en franca violación a la Ley número112-00″.

«El presidente de la República se comprometió en su discurso del 27 de febrero, en revisar esta legislación, pero lo que debe hacer es revisar las resoluciones de del Ministerio de Industria y Comercio, en las que cada incumbente de los que han pasado favorecieron a sectores poderosos con resoluciones, en detrimento de la población que es la que carga de manera abusiva con esos gravámenes», subrayan en la documentación firmada por los representantes de las entidades. (Diario Libre)

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