Ya sea por el doble dolor de ver que su sobrino está preso por haber matado a una pareja de personas con una vida ejemplar o porque entiende que cumpliendo con órdenes superiores cometió un error, una tía y otros parientes y allegados de uno de los agentes policiales involucrados en el homicidio de los pastores evangélicos Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, justificaron “inconscientemente” la actuación contraria a la ley y los derechos humanos de los agentes, es decir la ejecución extrajudicial.

La práctica de ejecuciones tan cuestionada, tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los informes que realiza periódicamente, es asumida como algo válido cuando de “delincuentes” se trata.

La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Villa Altagracia, Sugeidy Mena, aplazó para el próximo miércoles 7 de abril el conocimiento de la solicitud de imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción al segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís, debido a que dos de los involucrados no tenían abogados.

“Humanamente ellos se equivocaron. Humanamente ellos dispararon a un vehículo que le habían dado una descripción y todos nosotros sabemos en la sociedad que vivimos. Todos nosotros sabemos, que cuando se está persiguiendo, como a ellos se le informó, a unos delincuentes no se le manda a bajar un cristal y pongámonos de ese lado cada uno de nosotros, a ver si se le manda a bajar un cristal”, expresó Colasa Navarro, tía del segundo teniente Reyes Navarro.

La señora Navarro define a su sobrino como un hombre correcto que se vio involucrado en el hecho ocurrido la noche del martes en Villa Altagracia, en el que sobrevivieron Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez. Ramírez Lamais fue impactado por una bala en la espalda.

“Recibieron órdenes, recibieron órdenes”, “Alguien los mandó”, “Ellos no van a salir así. A ellos los mandaron a matar”, “cometieron un error”, eran las frases que repetían con frecuencia las decenas de personas que se apostaron frente al Palacio de Justicia.

Navarro y Ana Yoelis Reyes Portorreal, una de las hijas del oficial, no podían contener las oraciones de súplica a Dios para que tuviera misericordia por su pariente involucrado en el hecho, por el cual piden perdón a los familiares de los occisos y a la sociedad en sentido general.

“Este es un caso institucional y que pedimos a los derechos humanos que vengan y los defiendan, porque ellos recibieron orden. Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo su trabajo. No queremos que los derechos humanos los dejen solos y que los más pequeños sean los que sufren. Así como pasó con esos, todos esos policías reciben órdenes, y ellos estaban obedeciendo a los superiores de que unos delincuentes venían desde Bonao”, dijo Rosa María Henríquez», dijo.

En el informe sobre los Derechos Humanos en República Dominicana correspondiente al año 2019, el Departamento de Estados de Estados Unidos dijo que, según datos gubernamentales, más de 3,000 individuos murieron en confrontaciones con la Policía o fuerzas de seguridad entre el 2007 y marzo de 2019. De estos, el número exacto de los asesinatos extrajudiciales se desconoce.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que desde octubre se reportaron más de 70 asesinatos extrajudiciales cometidos por la Policía en el 2019. (DL)