Cuatro de cinco ingenieros civiles que participaron en la licitación que hiciera la alcaldía del municipio de Esperanza, provincia Valverde, para la construcción de aceras y contenes, impugnaron el proceso alegando violación al debido proceso en la adjudicación de la obra.

Alegan que el Comité está tomando, de forma errónea, la cantidad de recursos que tiene disponible en sus cuentas de banco, como que es el presupuesto total de la obra, sin presentar un presupuesto de referencia, para valorar todas las ofertas presentadas.

Los ingenieros, quienes participaron en la licitación como personas físicas, piden al comité de licitación de la alcaldía, además de que admita el recurso de impugnación, que se les entregue todos los documentos en copia, tanto del sobre A como B de la oferta seleccionada, así como el contrato suscrito, si existe.

La tarde de este martes el Comité Compras y Contrataciones rechazó la impugnación hecha por los ingenieros Hugo Castillo Torres; Pedro Félix Espinal Herrera; José Manuel Espinal Herrera y Luis Rafael Martínez, por considerar inválidos sus argumentos, entre los que se destaca el cálculo mal del itebis por parte del oferente ganador.

El proceso de licitación fue hecho para construcción de aceras, contenes y badenes en el municipio.

Los demandantes alegan que la oferta ganadora duplica el precio del promedio de las demás ofertas, y que uno de los argumentos para rechazar esas ofertas que estable que las propuestas con un variación demás o menos 10 % del valor presupuestado de la obra serán anuladas, como una forma de evitar que un oferente ofrezca un precio que a sabiendas no se ajusta a la realidad del mercado, para obtener la obra y luego solicitar adendas.

Además, del presupuesto de referencia tomado en cuenta para decidir la adjudicación y la constancia de que el mismo fue publicado o puesto a conocimiento de los oferentes del proceso, estos ingenieros están solicitando que se anule el acta de adjudicación por vicios en el proceso y que se proceda a evaluar las ofertas económicas de los suscritos.

 “El cálculo del ITBIS de la propuesta elegida como la mejor, que se encuentra en el formulario SNCC.F.033 de presentación de la oferta económica es incorrecto, el ITBIS que debe presentarse es el 18 % de la dirección técnica, o sea, un 1.8 % de los gastos directos de la obra, claramente el ITBIS descrito en el formulario es un 18 % de los costos directos de la obra, lo cual aumenta desmedidamente el monto ofertado. También este punto por si solo anula la propuesta escogida”, argumentaron los abogados.

Sobre este punto, el Comité de Compras de la alcaldía afirma que: “Aunque en la ley 340-06 no se especifica algún artículo o párrafo que hable de cómo debe aplicarse el cálculo de los ITBIS a las ofertas realizadas por los oferentes, se ha de notar que el cálculo de los mismos debe basarse de acuerdo a los precios de mercado y cómo los oferentes adquieren los mismos, por lo tanto, este punto no elimina de por sí ninguna oferta presentada, sino que, se toma a consideración por parte de la entidad contratante para su aplicación”.

“Se ha de recordar que la oferta presentada por el Oferente Ganador no sobrepasa el presupuesto establecido en la certificación de fondos, documento que valida la cantidad presupuestada para la elaboración de dicha oferta, sino que se apega a la misma, por consiguiente, el cálculo de los ITBIS está dentro del presupuesto establecido”, alega el Comité integrado por Francisco Antonio Terrero, asistente del alcalde y presidente del Comité; Andrés Torres; Marvelys Altagracia Castro; Edilberto Rafael Jiménez y Ediberto Ventura.

Las cinco ofertas presentadas fueron por valor de RD$21.2 millones; RD$21.7 millones; RD$24.0 millones; RD$27.1 millones y RD$42.3 millones, resultando adjudicada la última oferta que sobrepasa los 42 millones de pesos. Los ingenieros alegan que no hay forma posible que al precio actual del mercado, la cantidad de metros de aceras, contenes y badenes licitados, pueda costar ese monto.

Los ingenieros dijeron que podrían acudir a Contrataciones Públicas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Federación Dominicana de Municipios y otras instancias para rechazar la adjudicación.