El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva contra siete personas implicadas en la supuesta red de tráfico de personas desmantelada mediante la Operación Iguana, desplegada el miércoles en varios municipios de la región Sur.
El órgano de persecución hizo la solicitud durante una audiencia que fue aplazada por el juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez. El juez fijó para el próximo miércoles 23 de marzo, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia.
El magistrado acogió una petición de las defensas de los encartados, quienes pidieron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos.
Los imputados son: Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Regional de Barahona solicitan, además, que el caso sea declarado de tramitación compleja.
El órgano persecutor puso en marcha el miércoles la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante la operación, la entidad arrestó a los involucrados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre nueve milímetros, Fab 92.
El Ministerio Público dijo que el desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal, a bordo de una motocicleta, a una cubana con su hija de siete años.
«La PETT y la Pepca, apoyadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, iniciaron una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes aprovechándose de sus condiciones de coordinador e inspector del puesto fronterizo de Migración en Jimaní, provincia Independencia, coordinaron crímenes graves», detalló el Ministerio Público en una nota de prensa.
Agrega que «ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública».
Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, «distrajo el dinero y las evidencias» que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas. «De igual modo, distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní».