La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este lunes el arresto domiciliario a Jenny Marte Peña, procesada por supuesta corrupción administrativa en el caso Medusa, que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a varios funcionarios de su gestión en el período 2016-2020.
El procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el tribunal desestimó el recurso de Marte Peña y, en consecuencia, confirmó la medida de coerción que ha sido impuesta en su contra.
“Como planteó y demostró el Ministerio Público en el recurso, no se demostró que la decisión atacada tuviera ninguna falencia, ni incurriera en ninguno de los vicios en que adujo la defensa que pudo haber incurrido”, dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal.
“Es una sentencia conforme al derecho y eso lo ha ratificado la corte de apelación”, subrayó.
Durante la audiencia, además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público la procuradora general de corte Nancy Guerrero y el fiscal Emmanuel Ramírez.
El expediente del caso Medusa señala que los encartados integraban una alegada red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
Desde el año pasado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.