El Estado dominicano busca recuperar cerca de 40 mil millones de pesos en los procesos de corrupción administrativa que actualmente lleva en la Justicia, contra exfuncionarios públicos.
A través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la Presidencia de la República a través del decreto 22-21, busca recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo.
El ERPP es encabezado por Jorge Luis Polanco Rodríguez y cuatro coordinadores de equipo: Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, junto a ellos 27 abogados, que persiguen recuperar fondos distraídos y que se encuentran en justicia en las operaciones Coral y Coral 5G, Antipulpo, Medusa y 13.
Por el caso Antipulpo, el Estado busca la restitución e indemnización de la suma de 23,903,465,542.00 pesos como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos. El principal imputado esJuan Alexis Medina.
Por los casos Coral y Coral 5G, se reclaman 6,000,000,000.00 pesos por los ilícitos.
Los imputados son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, entre otros.
Por el caso Medusa, el Estado persigue la recuperación de la suma de 9,200,000,000.00 pesos y el principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez. También por el caso Operación 13 se reclaman más de 600,000,000.00 pesos por el fraude contra la Lotería Nacional.
El caso Antipulpo es liderado por el licenciado Jorge A. López Hilario. Los casos Coral y Coral 5G son llevados por los licenciados José Alberto Ortiz y Sigfrido Caamaño García. El caso Medusa es manejado por los licenciados Félix D. Olivares Grullón y Namphí Rodríguez, mientras que Operación 13 es dirigido por los licenciados Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte. El ERPP exhortó al Congreso aprobar la Ley de Extinción de Dominio y el nuevo Código Penal para que el país disponga de herramientas legales eficientes y acordes a los tiempos actuales, que le permitan combatir la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.
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