El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad que presentó una sala penal de justicia para definir si la expresidenta transitoria Jeanine Áñez es juzgada por la vía ordinaria o en un juicio de responsabilidades en un caso.
El TCP de Bolivia informó este viernes en un comunicado que se definió «rechazar la acción de inconstitucionalidad» que fue interpuesta en contra de un artículo de la ley de juzgamiento a presidentes y altas autoridades que fue promovida de oficio por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia en noviembre de 2021.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional deja en manos de esa sala determinar si Áñez puede ser juzgada en la justicia ordinaria o debe ser sometida a un juicio de responsabilidades.
Esa sala penal presentó esa acción de inconstitucionalidad ante el cuestionamiento de la competencia del juzgado de Instrucción Anticorrupción en Materia contra la Violencia Hacia la Mujer que definió procesar a Áñez por el caso de un supuesto nombramiento irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
El supuesto nombramiento irregular sucedió en 2020 por el que investigan a la exmandataria boliviana por los presuntos delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.
«La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia decidirá si ratifica la competencia del juzgado ordinario para procesar a Áñez», señaló un comunicado del Ministerio de Justicia respecto a la determinación del TCP.
Además, enfatiza que «las autoridades que promueven la acción normativa tienen la labor exclusiva de interpretar la legalidad ordinaria y establecer a quién ampara la norma cuestionada».
La defensa de Áñez en ese entonces cuestionaba la intención de que su defendida sea juzgada por la vía ordinaria por ese caso ya que no se respeta su condición de exmandataria.
Áñez se encuentra ya hace más de un año detenida preventivamente en una cárcel de La Paz por el caso denominado «Golpe de Estado I» en el que se le acusa de delitos como conspiración y terrorismo por la crisis social y política de 2019.
El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades que debe aprobar el Parlamento, aunque el expresidente Evo Morales y sus allegados consideran que estos últimos no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.