La Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recibió esta semana el voluminoso expediente del caso por los sobornos Odebrecht y gestiona una sala para que se conozcan los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Público así como por los condenados del proceso.
En enero de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrió la sentencia de primer grado que condenó al empresario Ángel Rondón a ocho años de prisión y cinco años al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. El resto de los imputados fueron librados de responsabilidad.
Sin embargo, la Pepca solo recurrió en apelación la sentencia de cinco años dictada en contra de Víctor Díaz Rúa, y el descargo del abogado Conrado Pittaluga Arzeno, quienes fueron procesados por el caso de los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para conseguir adjudicación de obras estatales.
La Pepca no recurrió la sentencia en el caso de Ángel Rondón, señalado como el principal imputado; tampoco apeló el descargo de Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez ni el de Tommy Galán.
Sin embargo, Ángel Rondón apeló la decisión de primer grado por considerarla contradictoria, bajo el argumento que no puede haber «sobornador sin sobornados». Díaz Rúa también depositó un recurso que debe ser decidido por la Corte.
La sentencia en disputa
El 14 de octubre del año pasado, las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron a ocho años de prisión a Ángel Rondón. También impusieron cinco años a Víctor Díaz Rúa, luego de determinar su responsabilidad penal en los hechos.
En la sentencia ordenaron decomisar a Rondón las empresas Lanshan Corp y constructora y Contratistas Conamsa, además de todos los bienes que supuestamente son fruto de las actividades ilícitas.
También dispusieron decomisar a Díaz Rúa un inmueble en casa de Campo en La Romana; condominio en la Torre Caney; el yate “La Balbie”; la empresa Radiodifusora Sky Land, entre otros.
El tribunal declaró la absolución de Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán y Juan Roberto Rodríguez Hernández. Se dispuso levantar la medida de coerción en su contra y el cese de toda orden de inmovilización de fondos y cancelación de cualquier oposición a sus bienes.