Las autoridades colombianas enfrentan un nuevo frente de crisis institucional tras las revelaciones sobre posibles vínculos entre miembros del Gobierno y las disidencias de las FARC, encabezadas por alias Calarcá.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), epicentro del escándalo, anunció la apertura de dos investigaciones internas luego de que un reportaje televisivo difundiera supuestas comunicaciones entre su director, Wilmar Mejía, y cabecillas del grupo armado.
Aunque Mejía negó cualquier relación con los insurgentes, aseguró que se verificarán todos los datos “con rigor y sin margen de duda”.
El organismo de inteligencia también activó una auditoría externa dirigida por la inspectora general Isabel Molina, designada por el presidente Gustavo Petro, con el fin de garantizar transparencia ante la creciente presión política y mediática.
La Procuraduría General abrió investigaciones paralelas contra Mejía y el general retirado Juan Miguel Huertas, actual jefe de Personal del Ejército, señalados en los documentos filtrados.
Según el informe, ambos habrían mantenido contactos con miembros del llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) para facilitar la creación de empresas fachada que permitieran la movilidad de combatientes en zonas fronterizas.
Mensajes expuestos
La polémica se intensificó cuando el reportaje incluyó supuestos mensajes que involucrarían a la vicepresidenta Francia Márquez y al líder guerrillero Iván Mordisco, sugiriendo un presunto apoyo del EMC, la principal disidencia de las FARC, a la campaña presidencial de Petro en 2022.
Márquez respondió rechazando “categóricamente” las acusaciones, calificándolas de “malintencionadas” y recordando que no existe evidencia que las sustente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, declaró que cualquier vínculo con organizaciones criminales “constituye una línea roja que no puede cruzarse”, mientras que el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, prometió una investigación exhaustiva en coordinación con la justicia.
El caso estalla en un momento sensible para el Gobierno, que recientemente completó el séptimo ciclo de negociaciones con el EMC en busca de un acuerdo de paz. Si las denuncias se confirman, podrían comprometer tanto la credibilidad del Ejecutivo como la viabilidad del proceso.
Por ahora, las investigaciones avanzan en medio de un clima político tenso y con la opinión pública dividida entre la sospecha y la necesidad de preservar el diálogo con los grupos armados.
