La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre que fue arrestado durante los operativos contra la fabricación y comercialización ilegal de medicamentos que llevan a cabo las autoridades en el municipio Moca, informó este lunes la Procuraduría General de la República.
El juez Sandy Castillo impuso la medida de coerción en contra de Pedro Antonio Almonte Rodríguez, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, de esta provincia.
De acuerdo a una nota institucional, su apresamiento se produjo en el transcurso de un allanamiento realizado en marzo pasado en un local de la calle Sánchez, del municipio Moca, donde fue ocupada una caja de cartón que contenía 9,400 unidades de unas pastillas que se presume son falsificadas, así como 180 galones de un líquido, presumiblemente diésel.
Este y otros operativos fueron ejecutados por representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa) y efectivos del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), asignados a la Dirección Regional Cibao Central del Ministerio de Defensa.
La labor se llevó a cabo con el apoyo de la Dirección Regional Central, la Dirección de Inteligencia C-2 y la Dirección Regional Cibao Sur de ese órgano militar y el Ministerio de Salud Pública.
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Durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por Angélica Castillo, procuradora general de Corte de Apelación adscrita a la Procuraduría Fiscal de Espaillat, y Perla Fermín, quienes, según la nota, aportaron evidencias que vinculan a Almonte Rodríguez con los hechos que se le imputan.
La acusación
El Ministerio Público le atribuye haber incurrido en los delitos de producción, importación, elaboración, transporte, comercialización, manipulación, alteración, falsificación y distribución de medicamentos o fármacos y otras sustancias controladas.
Esos hechos constituyen una violación a varios artículos de la Ley General de Aduanas, 34-89; la Ley General de Salud, 42-01, y la Ley 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.