El Instituto Duartiano manifestó este miércoles que en la República Dominicana hay que frenar el ingreso de migrantes irregulares, aún sean mujeres embarazadas quienes, aseguró, llegan desde Haití en “tours” para dar a luz a territorio nacional.
“(…) sin que haya ningún tipo de control en los centros hospitalarios dominicanos, situación que afecta a las parturientas dominicanas, a las que se le dificulta acceder a dichos establecimientos”, afirmó Wilson Gómez, presidente de la institución.
Gómez criticó los pronunciamientos de organismo internacionales que han pedido a la República Dominicana no deportar a las mujeres embarazadas. “Estas entidades se creen con derecho de desconocer la soberanía del pueblo dominicano, parece que han llegado a creer que tienen derecho a incursionar en los asuntos que les están reservados a los dominicanos”, agregó.
Diario Libre publicó el miércoles que desde noviembre del 2021 al 24 de marzo de 2022, la República Dominicana ha repatriado hacia Haití a 792 migrantes embarazadas, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno que preside Luis Abinader. También la Dirección General de Migración (DGM) deportó hacia Haití a 433 familias con menores de 18 años en el mismo período.
En tanto el ministro de Salud dominicano, Daniel Rivera, indicó que las inmigrantes haitianas embarazadas siguen visitando los hospitales y se les brinda atención. Rivera indicó que les preocupa que las mujeres están llegando “muy tarde” y sin chequeos prenatales.
El funcionario expresó que la mortalidad materna, la cual aseguró «el mayor porcentaje ocurre en las mujeres haitianas”, es de preocupación para el Gobierno.
Vigilar violación de derechos
Organizaciones civiles, como el Centro Montalvo, Participación Ciudadana y World Vision, consideraron que las autoridades migratorias deben tener presente que no ocurran violaciones de derechos en las deportaciones de inmigrantes haitianas embarazadas y niños que están en la República Dominicana.
Ruddy Berihuete, del Centro Montalvo, expresó que el Estado dominicano expone a las mujeres embarazadas “a la misma crisis de la violencia en su propio país». «¿Dónde queda el principio de humanidad? Es una respuesta que hay que seguir buscando”, agregó Berihuete.
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«No tenemos los medios para rebatir estos datos, porque es la misma DGM quien los está ofreciendo (juez y parte), para nada me sorprendería que las cifras sean aún mayores. Igualmente, hay que preguntarse, cuántas otras mujeres han sido expuestas a esta y otras situaciones en el contexto de las redadas… porque el histórico ha sido solo publicar lo que representa un indicador a favor del organismo ejecutor: la DGM», cuestionó el representante del Centro Montalvo.
Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, indicó que la Dirección General de Migración debe suscribirse a la legalidad en cuanto al reglamento de aplicación de su ley que prohíbe las detenciones de embarazadas o lactantes, de menores de edad, solicitantes de asilo y envejecientes.
Abreu apoyó la posición del Gobierno dominicano de que no habrá una solución dominicana a la situación de Haití, sino que la ayuda debe llegar en conjunto, de la mano de los países internacionales que sí cuentan con los recursos para las medidas y programas que ayudarán a estabilizar Haití.
Al respecto, World Vision República Dominicana señaló que en caso de que hubo violaciones de derechos, se deben buscar soluciones para restituirlos.
“Nuestra posición siempre será buscar vías de avenencias que contribuyan a garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables”, expresó Johnny Bidó, gerente de incidencia y relacionamiento externo del organismo internacional.