En medio de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades electorales, las denuncias sobre participación de funcionarios en la campaña y los llamados a boicot de la oposición, los mexicanos irán el domingo a las urnas para participar en el primer referendo revocatorio de mandato presidencial.

Bajo este polémico contexto, los mexicanos se estrenarán en un referendo revocatorio impulsado por López Obrador, quien según los analistas buscará revalidar su gestión a la mitad del sexenio para darle un nuevo impulso a su proyecto político de la “Cuarta transformación” y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la cara a las elecciones regionales que se realizarán en junio y el próximo año, y las presidenciales de 2024.

Sobre la inédita consulta, en la que se preguntará a los mexicanos si quieren que se revoque el mandato a López Obrador o que continúe hasta el final de su sexenio, no se esperan mayores sorpresas. Con una popularidad presidencial que ronda el 60% y el debilitamiento de la oposición, los analistas ya dan por descontado que la opción de revocatoria de mandato no triunfará.

Entre quienes están confiados en que no habrá cambios políticos en México luego de las elecciones del domingo está María Hernández, una ama de casa de 70 años que es beneficiaria de un programa estatal de ayudas económicas a los ancianos, quienes reciben cada dos meses un monto equivalente a 150 dólares.

Desde la sala de su humilde vivienda en la colonia Obrera de Ciudad de México, Hernández indicó que espera que todas las persona de la tercera edad y jóvenes beneficiarios de los programas estatales salgan a votar a favor del mandatario porque “en las buenas y en las malas tenemos que seguir con él, porque si él no está ahí, nos quitan las ayudas que tenemos”. “No se va a remover a quien nos extiende la mano”, agregó.

Pese a la polémica y los llamados a boicot de la oposición, que ha planteado que el referendo implicará el gasto de millones de pesos para un proceso que no genera cambios políticos, Abel Medina, propietario de una pequeña fábrica de tortillas en el centro de la capital, dijo que la votación “servirá para legitimar al presidente. Tenemos un buen presidente diferente a esa gente del pasado que nos enterró vendiendo las compañías estatales, y por eso queremos que siga”.

Mientras empaca un lote de tortillas en una bolsa plástica, Medina, de 40 años, dijo que estaba seguro de que la “gente del pueblo, los tortilleros, los peluqueros, los albañiles vamos salir a apoyar a Andrés Manuel”, y le restó importancia a los señalamientos que han surgido contra funcionarios públicos en medio de la campaña y sostuvo que la oposición actúa frente a López Obrador como “una novia despechada, que como la dejó el novio le hace la vida imposible”.

En contraste, Martín Meneses, un exempleado del correo estatal de 58 años, se manifestó pesimista sobre el futuro de México y cuestionó que se usaran “cantidades estratosféricas para hacer elecciones cuando los niños con cáncer no tienen medicinas”. “Ahorita está muy endeble la democracia”, expresó, y agregó que espera que los adversarios de López Obrador salgan a votar masivamente porque “es importante que el presidente vea que el pueblo comienza a despertar del letargo”.

La única incógnita que ha surgido en torno al referendo es sí habrá o no participación considerable de electores. Algunos analistas apuntan a que los seguidores del gobierno y los beneficiarios del programas estatales podrían acudir masivamente a las urnas para expresar su respaldo al mandatario.

Al respecto Rubén Salazar, director la firma local Etellekt Consultores, que se dedica al diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgos y políticas públicas, dijo a la AP que algunas encuestadoras han proyectado una participación del orden del 50%, situación que atribuyó “al aparato propagandístico del propio gobierno que ha hecho una campaña muy intensa con el uso de recursos públicos”, y la “coacción de los electores que reciben programas sociales”, a quienes aseguró que les han infundido miedo al decirles que si el presidente es destituido podrían perder sus beneficios.

Por el contrario, otros analistas como el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos, consideró que el desconocimiento que hay sobre la votación y el desinterés del electorado pesarán en la participación. Morelos indicó que el evento electoral podría correr con la misma suerte que el referendo que se realizó en agosto pasado, también promovido por López Obrador, en el que se preguntó a los mexicanos si estaban a favor de que se enjuiciaran a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta tuvo una participación de 7% y no logró el porcentaje mínimo de 40% (unos 37 millones de votantes) exigido por la legislación mexicana para ser vinculante para los poderes públicos.

Esta es la opción a la que está apostando la oposición, que ha llamado a los mexicanos a dejar las urnas vacías el 10 de abril para no avalar la iniciativa de López Obrador.

Marcos Aguilar, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) —la principal fuerza opositora mexicana— afirmó que la organización no prevé que en el referendo se alcance una participación del 40% de los electores.

“Participar en este proceso de revocación de mandato implica participar en la simulación”, dijo Aguilar a la AP al asegurar que desde el inicio del proceso se incurrió en una “simulación de lo que establece nuestra constitución” porque las firmas requeridas para activar la consulta fueron recolectadas por “la estructura del partido oficial y los servidores de la nación”, y no por participación ciudadana.

El político precisó que durante la campaña electoral también se registraron otras desviaciones, como la participación de funcionarios públicos en actos de proselitistas y el uso de fondos públicos en la campaña. Uno de los casos que alcanzó notoriedad fue el ocurrido el pasado fin de semana en el estado norteño de Sonora, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, intervino junto a otros funcionarios y miembros de Morena en un acto político en el que pidió a los habitantes apoyar al presidente el 10 de abril.

Al preguntarle al respecto, López Obrador expresó en su conferencia matutina que el secretario estaba visitando los estados “para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él está ayudándome con la transformación”.

A escasos días de la consulta la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares contra la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y López, entre otros funcionarios, por hacer promoción a favor del presidente en período prohibido y les ordenó retirar publicaciones relacionadas con el referendo de sus redes sociales.

El director de Etellekt Consultores indicó que las prácticas que siguió el gobierno durante esta campaña, así como los recurrentes cuestionamientos que mantuvo López Obrador contra las autoridades electorales representaron un “ensayo” de lo que podría observarse en los próximos procesos electorales “porque ya no hay nadie que les ponga un alto”. Salazar afirmó que en este referendo revocatorio más allá de buscar legitimar a López Obrador “lo que está poniendo a prueba es la capacidad que tenga la propia ciudadanía de reaccionar ya a un intento del gobierno por controlar los procesos electorales”.

En los meses previos a la consulta se dio una intensa batalla política y legal entre el oficialismo y el INE luego de que la Cámara de Diputados, que controla Morena, le recortó el presupuesto al organismo. El INE suspendió en diciembre el proceso para el referendo alegando que no tenía recursos suficientes pero luego tuvo que reactivarlo tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó seguir adelante con la votación.

Tras una serie de ajustes, el organismo electoral fijó un presupuesto de cerca de 78,2 millones de dólares para el referendo revocatorio que inicialmente se había estimado que costaría 191,2 millones de dólares.