La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el viernes a Perú “abstenerse” de liberar al encarcelado expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, pese a una sentencia del Tribunal Constitucional peruano.

La decisión tiene antecedentes desde fines de marzo, cuando la más alta corte latinoamericana en derechos humanos ordenó a Perú suspender la sorpresiva y cuestionada excarcelación de Fujimori anunciada por el Tribunal Constitucional a mediados de ese mes. Luego la Corte IDH celebró una audiencia el 1 de abril e indicó que iba a emitir un veredicto definitivo durante esta semana.

La Corte IDH dijo en su resolución publicada en su sitio de internet que la decisión del Tribunal Constitucional –que revivió un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski– “no cumplió con las condiciones determinadas”.

Los expertos interpretaron que Kuczynski otorgó el indulto al encarcelado expresidente únicamente para ganar apoyo hacia su débil gobierno de parte de legisladores cercanos a Fujimori, pero el indulto fue anulado en 2018 y Fujimori regresó a una exclusiva prisión donde es el único reo.

La Corte IDH indicó que la decisión del Tribunal Constitucional no efectuó un contrapeso que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto. “Ni siquiera hace la más mínima referencia a las graves violaciones a derechos humanos por las que fue condenado Fujimori, a lo cual se agrega que los representantes de las víctimas indicaron que no fueron escuchadas”, se añadió.

En una decisión inédita en 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante su mandato (1990-2000). Los militares mataban con impunidad y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Una de las matanzas ocurrió en una zona llamada Barrios Altos -donde fueron asesinados 15 vecinos durante una fiesta, incluido un niño de ocho años- y la otra en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.

La Corte IDH también indicó que se había restituido un indulto a Fujimori, de 83 años, “sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento” de su sentencia.

La reciente decisión añade que Fujimori se encuentra “monitorizado constantemente” y recibe tratamiento en medicina intensiva, geriatría, cardiología, neumología, gastroenterología y que se están haciendo gestiones para tratarlo en medicina física y rehabilitación.

Según información de la defensa de Fujimori, el expresidente tiene un estado de salud “más grave” que en 2017 cuando tenía una enfermedad al corazón llamada fibrilación auricular paroxística. Indican que ahora sufre además una fibrosis pulmonar “que lo ha vuelto oxígenodependiente” y tiene trastornos de ansiedad.

Los jueces de la Corte IDH señalan que no consta que Fujimori “haya tenido inconveniente en las ocasiones en las cuales requirió medicamentos, atención de urgencia y traslados fuera de la cárcel para recibir atención médica especializada”.

Perú y otros 22 países de la región reconocen a la Corte IDH como su máximo tribunal en derechos humanos, incluso por encima de sus más elevadas instituciones judiciales. El gobierno del presidente Pedro Castillo ha reiterado que cumplirá la decisión de la corte latinoamericana.

Además de la sentencia a 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los cuales debe 13,6 millones de dólares.