Destitución en el canódromo por Defensor del Pueblo

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La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett) destituyó la tarde de este lunes de su cargo a la encargada del Centro de Retención Vehicular el Coco (canódromo), coronela Ysabelita de los Santos Pérez (PN). La separación del puesto de la funcionaria  ocurre horas después de que el Defensor del Pueblo fuera agredido, junto a periodistas, en el lugar.

En el cargo de la coronela designó de forma interina al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.

El nombramiento está contenido en el memorándum 0484-22, el cual el director de la Digesett, Ramón Guzmán Peralta, instá al nuevo director de la entidad a «desempeñar su función apegado a las normas legales e institucionales establecidas»

También le pide al teniente coronel Rijo Santana «que proceda a recibir dicha función».

La Digesett no se ha referido a los agentes que atacaron al funcionarios y a los representantes de la prensa que cubrían la actividad.

La agresión

El ataque físico a Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, y a varios periodistas ocurrió pasado el mediodía de este lunes, cuando el funcionario acudió al Canódromo a inspeccionar el lugar tras las denuncias recibidas de que en dicho centro no quieren entregar los vehículos retenidos a los ciudadanos y que están en condiciones deplorables.  En ese contexto, agentes de la Digesett de puesto en el lugar quisieron impedir su entrada al lugar y se dio la agresión tanto a él como a periodistas que cubrían la actividad.

Posteriormente, la Digesett lamentó la agresión sufrida por el defensor del Puebloy miembros de la prensa y aseguró que no tenía nada que esconder ni el Canódromo ni ningún otro centro de retención de vehículos. Calificó el hecho como «lamentable y desagradable»

Momentos después, Ulloa se dirigió a la Procuraduría General de la República y puso una querella contra la directora del centro, coronela Ysabelita de los Santos Pérez (PN), antes de ser destituida. El funcionario la acusó de  la “lastimosa” y “flagrante” violación a la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo.

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