En el informe anual sobre los Derechos Humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dedica un amplio espacio para describir las condiciones en las sobrepobladas prisiones de República Dominicana.

“Se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución y los abusos sexuales en esas prisiones. Aunque la ley obliga a separar a los presos según la gravedad del delito, las autoridades no siguieron estas normas en las prisiones del viejo modelo”, señala el documento de 37 páginas publicado por la embajada estadounidense.

Indica que todos los recintos del viejo modelo peninteciario están sobrepoblados, siendo La Victoria la más conocida, cuya matrícula de reos estaba en 7,647, cuando fue diseñada solo para 2,011. En el caso de las cárceles del nuevo modelo, solo una está por encima de la capacidad.

“En el sistema penitenciario del viejo modelo, los reclusos que eran policías y militares recibían un trato preferencial y eran recluidos en instalaciones separadas, al igual que los reclusos con medios económicos para alquilar camas preferenciales y comprar lujos”, indica el informe, el cual fue elaborado en base a datos de prensa y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el país.

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Estados Unidos cita que la vida de los privados de libertad del viejo modelo era una odisea en comparación con el nuevo sistema: “Las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas… Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de COVID-19”.

El documento agrega que, según la Dirección General de Prisiones, todas las cárceles proporcionaban tratamiento para el VIH y el sida, pero la CNDH afirmó que ninguna de estos centros del viejo modelo estaba debidamente equipado para proporcionar dicho tratamiento.

Sobre el Covid,  expresa que en octubre, más de 1,800 reclusos habían contraído la enfermedad, lo que provocó 22 muertes.

El informe reconoce que las autoridades investigaron denuncias de malos tratos,  que se permitieron la supervisión de organismos independientes y se crearon comités para realizar visitas sorpresas, “sin embargo, no se concedió sistemáticamente a las organizaciones de derechos humanos el acceso a los centros de detención de migrantes para su supervisión”, reseña el informe del Departamento de Estados.