La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, aseguró este martes que, con su investigación tras la invasión rusa, tiene información de que «se están cometiendo o se han cometido» presuntos crímenes de guerra en alrededor de «6,000 lugares» en territorio ucraniano.

Venediktova subrayó que los investigadores ucranianos tienen «razones para creer que en ciertos casos se dieron órdenes desde arriba para bombardear y matar a la población civil» y afirmó, en declaraciones a la televisión pública neerlandesa NOS, que se habla de «exterminar al pueblo ucraniano» y se mata a civiles bajo el pretexto de la «desnazificación».

La fiscal general explicó que está haciendo «todo lo posible» por recopilar las pruebas de las violaciones del derecho humanitario que se están cometiendo en Ucrania desde finales de febrero y mostró su esperanza en que «los criminales de guerra puedan ser llevados ante la Justicia» con ayuda internacional.

«Queremos que la comunidad internacional esté a nuestro lado sin dudarlo en el esfuerzo por poner fin a la guerra y castigar a los culpables (…) Si lees las cifras cada mañana de las muertes, de civiles y niños muertos en los bombardeos en Ucrania, entonces cada día va de trabajar por hacer justicia», agregó.

Venediktova trata de visitar todos los pueblos y lugares donde se han cometido los presuntos crímenes de guerra, e «incluso cuando esos posibles crímenes fueron cometidos por soldados ucranianos», subrayó, según NOS.

A finales de marzo, circuló un vídeo en las redes sociales que mostraba a presuntos prisioneros de guerra rusos siendo maltratados por militares ucranianos en el patio de una granja cerca de Jarkóv, un suceso sobre el que, dice Venediktova, «las opiniones pueden diferir», y subrayó que no emitirá un juicio sobre esas imágenes hasta que no se haya completado la investigación criminal.

Además de las autoridades ucranianas, los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se puedan estar perpetrando en Ucrania están siendo investigados por diferentes organismos, como la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) o un equipo conjunto de investigación coordinado desde La Haya por la agencia europea Eurojust.