El Supremo de Honduras ordenó este miércoles la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a EE.UU., donde enfrentará tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas, luego de que el fallo sobre su extradición fuera firmado por los quince magistrados del pleno del poder Judicial.

El juez de Extradición de Primera Instancia remitió los «oficios y certificación de resolución» de la extradición de Hernández a instituciones del poder Ejecutivo, para «proceder a la entrega del expresidente», quien es «requerido para fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de New York», indicó el Supremo hondureño en Twitter.

«Con la remisión de las comunicaciones correspondientes, la Corte Suprema de Justicia concluye la actividad judicial en el presente proceso, a fin de que Relaciones Exteriores, (y las secretarías de) Seguridad y Defensa coordinen la ejecución de lo resuelto con los agentes comisionados por el estado requirente», señaló.

Ahora sigue el trámite con las autoridades estadounidenses para proceder con la extradición, según el Tratado Bilateral suscrito entre Honduras y Estados Unidos.

El Supremo hondureño anunció el martes que la resolución sobre el caso de Hernández ya había sido firmada por los quince magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el 28 de marzo la extradición del exgobernante que había autorizado en primera instancia el 16 del mismo mes un juez natural.

El expresidente (2014-2022) fue capturado el 15 de febrero en su domicilio en Tegucigalpa, un día después de que Estados Unidos solicitara al Gobierno de Honduras su «arresto preventivo», con fines de extradición.

El Supremo hondureño indicó hoy en un comunicado que Hernández seguirá detenido en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional mientras se concreta su entrega, la que podría registrarse la próxima semana, según versiones extraoficiales.

Agregó que el proceso de extradición de Hernández se realizó «dentro del plazo previsto» en el tratado bilateral, que señala un término de dos meses para el mantenimiento del arresto preventivo.

Hernández enfrentaría tres cargos, el primero por «conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos», con el «conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente» en ese país, además de «usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión» de «ametralladoras y dispositivos destructivos».

El tercero es por una «conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos (…), en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos».