Perú inició el lunes la incineración de casi 16 toneladas de drogas incautadas entre fines de diciembre de 2021 y marzo de este año.
El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo en una ceremonia que el narcotráfico “afecta el desarrollo económico y amenaza el orden interno, la seguridad nacional, genera la deforestación de nuestros bosques tropicales y afecta la salud pública en nuestra patria y todo el mundo”.
En la incineración estuvieron el presidente Pedro Castillo y Charles Sewall, director de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos.
Las autoridades peruanas indicaron en un comunicado que se quemarán más de 6.2 toneladas de pasta básica de cocaína y 4.6 toneladas de clorhidrato de cocaína y explicaron que incinerar una tonelada lleva entre seis y siete horas.
También serán quemadas cinco toneladas de marihuana que fueron decomisadas en el mismo periodo.
La droga fue incautada en la Amazonía en medio de un avance anual de la siembra de la hoja de coca. Según las autoridades, las hojas de coca se usan en su mayoría para fabricar, mediante un proceso químico, el clorhidrato de cocaína que es sacado del país en avionetas hacia Bolivia y Brasil o en barcos desde el Pacífico a Europa.
Con el paso de los años la siembra de la hoja de coca y la presencia de laboratorios de cocaína en medio del bosque se han expandido por varias zonas de la Amazonía, incluidos territorios ancestrales de pueblos indígenas que viven amenazados de muerte y con casi nulo apoyo estatal.
El trabajo policial es afectado por la corrupción de agentes que roban droga a narcos y la revenden. «Es un negocio rentable para los implicados, porque la droga robada la rematan a menor precio”, dijo al diario La República el jefe de inteligencia de la policía, Walter Pajuelo. Según datos oficiales, entre 2020 y 2021 unos 131 policías fueron arrestados por integrar grupos narcotraficantes.
Perú es el segundo productor de cocaína del mundo y el segundo cultivador de hoja de coca, de la cual se fabrica la droga, según la agencia antidrogas estadounidense DEA y las Naciones Unidas.