(CNN Español) — El expresidente Carlos Mesa y la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) cuestionaron el sistema judicial de Bolivia y atribuyeron a supuestas fallas en esa área del Estado la muerte este martes de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, en un hospital de La Paz donde se encontraba en terapia intensiva.
Aramayo llevaba preso más de siete años por un desfalco que él mismo denunció en 2014 por un equivalente a más de US$ 82,5 millones.
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El exfuncionario había enfrentado durante ese lapso más de 250 procesos penales por corrupción y era el único detenido en el caso que la Fiscalía investigaba por el millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Mesa acusó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de que “por 16 años protegió la corrupción y persiguió hasta su eliminación a quienes denunciaron”, a la vez que consideró la muerte de Aramayo “una advertencia a la permisividad e inacción de toda la sociedad”.
También en esa red social, el investigador sénior de HRW César Muñoz afirmó que el deceso de Aramayo es evidencia de “los estragos de la falta de una justicia independiente”.
«Nos entristece la muerte de Marco Aramayo. Hay alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión. ¿Pero quién va a investigarlas? De nuevo se evidencian los estragos de la falta de una justicia independiente», escribió Muñoz.
Bolivia: Nos entristece la muerte de Marco Aramayo. Hay alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión. ¿Pero quién va a investigarlas? De nuevo se evidencian los estragos de la falta de una justicia independientehttps://t.co/G602q5siqg pic.twitter.com/hfgAo9AO7N
— César Muñoz (@_Cesar_Munoz) April 19, 2022
El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó sus condolencias a la familia y aseguró que “hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado». Lima agregó que la situación que se ha producido es «triste» y merece que sea evaluada y se reflexione «profundamente cómo estamos llevando la justicia penal».
Lima afirmó que «no es posible, no es admisible que una persona tenga que vivir la situación que ha vivido el señor Aramayo y su familia”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que la Dirección de Régimen Penitenciario agotó esfuerzos para salvarle la vida a Aramayo y aclaró que su cartería había «hecho todo lo posible conforme nos manda el ordenamiento jurídico nacional», aunque no podía «efectuar mayores tareas».
«Será la Justicia boliviana la que determine qué ha pasado con este sujeto», concluyó Del Castillo.
El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar la muerte y lo que considera fue el maltrato que recibió su defendido.