(CNN Español) — La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que documentó cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, fue clausurada mediante un decreto legislativo aprobado este miércoles en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
El decreto, propuesto por la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, recibió el voto favorable de 75 diputados, con la abstención de 15 diputados que la oposición considera afines al gobierno además de otro diputado presente. A través de la iniciativa también se cancelan otras 24 organizaciones civiles, entre ellas la Federación Coordinadora de Organismos de la Niñez, que a su vez agrupaba a decenas de entidades civiles.
La cancelación de las organizaciones se aprobó con el argumento de que las entidades supuestamente han incumplido con leyes que regulan a los organismos civiles sin fines de lucro, como no inscribirse como agente extranjero; no reportar donaciones provenientes de la cooperación exterior y sus beneficiarios; no presentar sus estados financieros y no brindar información sobre la actualización de sus juntas directivas.
La CPDH expresó este lunes, a través de su cuenta de Facebook, que el martes ese organismo cumplió 45 años de lucha permanente por los derechos humanos en el país: «Seguiremos luchando, acompañando a las víctimas y familiares en su demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición, ante las violaciones de derechos humanos sucedidas en Nicaragua desde abril de 2018 hasta la fecha, y las que continúan dándose».
Respecto a las causas de cierre, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, expresó en una conferencia virtual que la entidad había dejado evidencia en muchas ante el Ministerio de Gobernación de la presentación de sus financieros auditados, y que habían hallado que no había por parte de las autoridades «voluntad de recibir estos informes».
Carmona aseguró que la Comisión ha sido transparentes en el manejo de los recursos así como «responsables en torno a los fondos que hemos recibido de diferentes donantes, se los hemos reportado con su respectivo ingreso».
Previamente, la Asamblea Nacional ha clausurado con el mismo argumento más de un centenar de organizaciones civiles, algunas de las cuales han rechazado los señalamientos y aclaran que el Ministerio de Gobernación, ente estatal que regula a las ONG, no recibe la documentación para –supuestamente– forzar el cierre.