El Consejo de Ministros de Perú aprobó este miércoles enviar al Congreso un proyecto de ley que plantea aplicar la castración química a los violadores de menores, tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de 3 años.
La decisión fue comunicada, en una rueda de prensa, por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien indicó que el proyecto propone esta medida «para delitos contra la libertad sexual con pena determinada».
En ese sentido, remarcó que la castración solo se aplicará luego de que un sentenciado por ese delito cumpla su condena.
«Esta es una pena accesoria a la pena principal, que se aplicará una vez que se cumpla la condena», explicó.
Chero sostuvo que el proyecto plantea modificar varios artículos del Código Penal referidos al delito de violación sexual, menos los que establecen la cadena perpetua, que se aplica a quienes atentan contra menores de 10 años, vejan a menores de hasta 14 años siendo su tutor o les causan la muerte o lesión grave durante el ataque.
El ministro admitió que esta «es una propuesta que tiene que ser debatida y analizada» por el Parlamento, ya que además del «tratamiento médico especializado de inhibición de la libido» comprende medidas de prevención en tema de salud mental, educación sexual y un registro nacional de agresores sexuales.
«No solo se trata de aspectos punitivos, sino de medidas preventivas» remarcó antes de descartar que esto pueda llevar a una eventual desvinculación de Perú del Pacto de San José, porque no se está «postulando la pena de muerte».
A su turno, el primer ministro, Aníbal Torres, reconoció que la propuesta ha sido «bastante debatida» en su país desde que fue planteada el sábado pasado por el presidente Pedro Castillo y dijo que el Ejecutivo respeta «todas las opiniones».
Torres recordó que hay países en los que se aplica la pena de muerte a los violadores y añadió que los ataques de este tipo a menores de edad «se han incrementado enormemente» en Perú.
«El Estado tiene que reaccionar, aquí el Congreso evaluará, debatirá este proyecto de ley y tomará la decisión que considere necesaria para poder combatir este gravísimo delito», concluyó.
El Ejecutivo peruano elaboró el proyecto después de la conmoción y rabia que produjo en el país el secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, la capital de la región norteña de Lambayeque.
La pequeña fue reportada por sus familiares como desaparecida el pasado 12 de abril y un día después la Policía Nacional la encontró y detuvo al presunto culpable del abuso, un hombre 48 años, que fue acusado de la presunta comisión de los delitos de violación sexual y secuestro de una menor de edad.
La Fiscalía de la Nación dictó luego nueve meses de prisión preventiva contra el detenido y sostuvo que «el imputado recibiría la pena máxima de cadena perpetua».
Este sábado, el presidente Castillo aseguró que «los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados» por su Gobierno «ni quedarán impunes» y pidió «una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos.
La Presidencia peruana precisó que la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como «un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole».