El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, informó ayer de la formación de una comisión que tiene como propósito el desarrollo de un protocolo para la entrega de los vehículos retenidos en las instalaciones del antiguo Canódromo El Coco.
La medida fue adoptada a raíz del incidente protagonizado en esas instalaciones por agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el que resultaron agredidos el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, periodistas de Listín Diario y reporteros de otros medios de comunicación, a quienes les incautaron y violentaron sus equipos.
En ese mismo orden, el titular del Intrant estableció que se continuará con la incautación de vehículos a todos aquellos ciudadanos que no cumplan con las leyes de tránsito.
Al ser abordado sobre en cuáles circunstancias puede ser retenido un vehículo, el funcionario explicó que “la primera es la infracción cometida, y la segunda es por falta de documentación”.
“Eso es un mandato de la ley”, añadió Arias.
Asimismo, se refirió a las denuncias de maltrato a los ciudadanos por parte de miembros de la Digesett. Sobre esto último, el funcionario explicó que aquellos que cometan esas acciones “van a pagar o cumplir con las infracciones correspondientes”.
Reconoció que respecto a estas situaciones, se trata de “un punto que se debe mejorar”.
Plan vial en San Cristóbal
Tras una evaluación a los patrones viales de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) han anunciado una inversion de 12 millones de pesos para la adecuación de las vías en esa provincia.
Estos entes indicaron que el proceso conllevó una evaluación de patrones viales del centro urbano, áreas de concentraciones críticas, zonas escolares, la demanda de estacionamiento y el transporte público, con la finalidad de lograr una zona vehícular más transitable y despejada.
En la etapa inicial del proyecto se colocaron 134 señales de tránsito verticales.
Las labores iniciarán la próxima semana y el proceso tardaría al menos tres meses. En la jornada, la ministra de Estado sin cartera, Genailda Vásquez, informó que “los lugares que sean determinados por satélites y drones que causen impacto serán cambiados”.
También declaró que los ciudadanos deben convertirse en “veedores” de lo que no les gusta, y reportar.
Mientras, el alcalde de la ciudad “Cuna de la Constitución”, José Montás, mostró su “felicidad” por el proyecto.
“Estamos muy optimista con este plan de movilidad en el municipio”, indicó el alcalde sancristobalense.